Procuraduría destituye e inhabilita a patrullero responsable de muerte del joven grafitero
Alarcón Vargas incurrió en falta disciplinaria al haber incumplido con los parámetros de actuación de la Fuerza Pública, como el respeto a un derecho fundamental como la vida.
Foto: El Tiempo(Thot)
La Procuraduría General de la Nación, en fallo de segunda instancia, sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años al señor Wílmer Antonio Alarcón Vargas, en su condición de patrullero de la Policía Nacional adscrito a la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá D.C., por encontrarlo responsable del homicidio de Diego Felipe Becerra Lizarazo, ocurrido en agosto de 2011.
Luego de estudiar las pruebas y teniendo en cuenta que en las diferentes intervenciones procesales el patrullero Alarcón Vargas manifestó que disparó al joven con su arma de dotación en una acción de persecución, se concluye que el entonces patrullero de la Policía ocasionó la muerte violenta sin justificación.
Se señala que el patrullero incurrió en falta disciplinaria al haber incumplido con los parámetros básicos de la actuación de la Fuerza Pública, como el respeto de un derecho fundamental como la vida, como lo establecen los artículos 2, 11, 123, 209 y 218 de la Constitución Política de Colombia, desbordando las atribuciones y límites indicados por la Ley y los reglamentos para el uso de la fuerza y las armas, así como los procedimientos legales para ello y sin cumplir su deber de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos de los habitantes del territorio nacional.
Luego de estudiar las pruebas y teniendo en cuenta que en las diferentes intervenciones procesales el patrullero Alarcón Vargas manifestó que disparó al joven con su arma de dotación en una acción de persecución, se concluye que el entonces patrullero de la Policía ocasionó la muerte violenta sin justificación.
Se señala que el patrullero incurrió en falta disciplinaria al haber incumplido con los parámetros básicos de la actuación de la Fuerza Pública, como el respeto de un derecho fundamental como la vida, como lo establecen los artículos 2, 11, 123, 209 y 218 de la Constitución Política de Colombia, desbordando las atribuciones y límites indicados por la Ley y los reglamentos para el uso de la fuerza y las armas, así como los procedimientos legales para ello y sin cumplir su deber de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos de los habitantes del territorio nacional.
