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Contraloría revela ocupación ilegal de playas en Santa Marta

Por esta razón, le pide al fiscal investigar presuntas implicaciones penales.

Contraloría revela ocupación ilegal de playas en Santa Marta. Foto: Contraloría

Para el organismo de control, las autoridades ambientales del Distrito de Santa Marta no han adelantado acciones efectivas para impedir los graves perjuicios ambientales causados por la ocupación y uso indebido de bienes de uso público, en las zonas de Playas y Bajamar

Un extenso informe de la Contraloría General de la República da cuenta de graves afectaciones en las playas de Santa Marta por invasión de zonas no permitidas, enormes daños ambientales al Lago El Dulcino y  un Plan de Ordenamiento Territorial no se actualiza hace 17 años, sin que haya gestión eficaz por parte de las autoridades ambientales.

Mediante permisos de ocupación de cauce que no cumplen con las especificaciones ambientales pertinentes, se ha permitido la remoción y perdida de  manglares para favorecer la construcción de edificios como Cabo Tortuga, Sierra Laguna y Sierra Beach.

Para el organismo de control, las autoridades ambientales del Distrito de Santa Marta no han adelantado acciones efectivas para impedir los graves perjuicios ambientales causados por la ocupación y uso indebido de bienes de uso público, en las zonas de Playas y Bajamar.

Esta es la principal conclusión de una Actuación Especial adelantada con el objetivo de “evaluar la presunta ocupación de bienes de uso público en la zona denominada Pozos Colorados, ubicada en jurisdicción del Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta – Departamento del Magdalena, con corte a junio de 2017”.

De la Actuación realizada queda claro que las autoridades de territoriales y ambientales no han tomado las medidas protección a los derechos o intereses colectivos, para proteger y  restituir los bienes de uso público y tampoco han garantizado el goce de un ambiente sano.

La Contraloría alertó también sobre la protección a áreas de especial importancia ecológica y el goce del espacio público y la defensa de los bienes de uso público que están siendo amenazados o violados por particulares.

Esta situación llevó a que el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, solicitara la intervención de la Fiscalía General de la Nación.

En oficio dirigido al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, manifestó que “las gestiones adelantadas evidenciaron situaciones irregulares que pueden comprometer la responsabilidad penal de particulares y funcionarios públicos, toda vez que las mismas involucran la ejecución de proyectos urbanos sobre bienes de uso público o su apropiación, sin que se hayan tomado medidas necesarias para su recuperación, por parte de las autoridades llamadas a su protección”.

Expresó además que estas  ocupaciones han generado enormes daños ambientales sobre el lago El Dulcino, cuya área total se ha reducido en los últimos años en más de nueve mil metros cuadrados (9.000 m2), por la construcción de edificaciones de vivienda o de explotación turística, licenciadas por las Curadurías Urbanas, desconociendo la especial protección que sobre el mismo se estableció mediante la Resolución 869 de 2013 expedida por el DADMA, como autoridad ambiental y la DIMAR.

“Las edificaciones, levantadas en la orilla del lago, vierten sustancias contaminantes sobre el cuerpo de agua, poniendo en riesgo los recursos fáunicos, forestales, florísticos e hidrológicos del mismo, sin que las autoridades del Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta, hayan adoptado alguna medida para frenar los efectos nocivos que se están generando de manera permanente al ecosistema, conductas estas que se encuentran tipificadas como delictuales por el ordenamiento jurídico”, puntualizó Maya Villazón.