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Hasta para enterrar sus muertos comunidades del Puente de Boyacá deben arriesgar sus vidas

Varios funcionarios de la ANI se han comprometido en los últimos años a construir un puente que estaba dentro de las obras de la doble calzada Briceño Tunja - Sogamoso.

Hasta para enterrar sus muertos comunidades del Puente de Boyacá deben arriesgar sus vidas. Foto: Jorge Herrera

“No podemos esperar a que ocurra un muerto para buscar una solución; el Estado está en la obligación de hacer acciones preventivas y tienen los recursos”, dice Luis Alberto Sosa, líder comunitario del caserío Puente de Boyacá quien narra las dificultades para pasar la doble calzada en ese punto turístico que es toda una odisea y requiere de mucho apoyo de la Policía, entidad a la que agradece por su respaldo ya que tiene un puesto de carabineros en esa zona.  

“Por ser un sitio tan turístico, tenemos bastante afluencia de público, aparte de lo que es cotidiano que de lunes a viernes 700 niños están pasando la vía en la mañana y en la tarde” cuenta el señor Sosa. 

Ni tranquilidad tiene los habitantes de esta zona del país para enterrar a sus muertos sobre todos sábados y domingos. “Por ser la parroquia parte fundamental de nuestra comunidad hay misas que requieren visita al cementerio que está al otro lado de la vía”. 

Don Luis Alberto insiste que es una situación que requiere atención del Estado y por eso acudió junto a su comunidad a la acción popular como mecanismo de defensa de sus derechos fundamentales. 

- La audiencia de conciliación este 20 de enero en el Tribunal de Boyacá

La abogada Lina María Forero, quien asesora jurídicamente a la comunidad, afirma que se está exigiendo la construcción de una obra inconclusa del orden nacional que requiere de la atención de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Consorcio Solarte y Solarte, el Instituto Nacional de Vías (Invias), el municipio de Ventaquemada y el consocio Briceño – Tunja – Sogamoso (BTS). 

La jurista Forero dice que la acción popular se hizo a modo de demanda esperando sea positiva la respuesta del Tribunal. La acción fue admitida en octubre de 2018 y este miércoles 20 de febrero a las tres de la tarde se adelantará la audiencia de pacto de cumplimiento. 

“Hasta ahora tenemos la audiencia de conciliación y se denomina pacto cumplimiento porque se aspira que se logré una conciliación que los demandados la ANI, Consorcio Solarte y Solarte, el Invias, el municipio de Ventaquemada y el consocio BTS; esperamos nos traigan propuestas efectivas a la comunidad”, dijo Forero a La W Radio. 

Se espera que al Tribunal Administrativo de Boyacá hagan presencia cerca de 100 habitantes del Puente de Boyacá que consideran indispensable la construcción y el cumplimiento del proyecto que incluía el puente peatonal. 

“Conocemos que por ser entidades del orden nacional, entendemos que no pueden asumir cierta disposición presupuestal, pero la idea es que traigan las propuestas de la construcción que estamos exigiendo” sostuvo la jurista que precisó que el valor del puente peatonal se ha fijado en $7.000 millones. 

Hay que señalar que la diligencia en el Tribunal Administrativo de Boyacá es la primera audiencia y la segunda tiene que ver con las prácticas de pruebas. 

“A partir que el Tribunal profiera un fallo de primera instancia, será el Consejo de Estado el que dirima la segunda instancia”, explicó.

- Policía reconoce que hace falta el puente 

Entre tanto, la coronel María Emma Caro, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, reconoce que en el sector se requiere de un puente peatonal siempre y cuando la comunidad le de uso. 

“Que la comunidad sea receptiva y lo aproveche, entonces se evidencia en otros puntos donde la gente no emplea los puentes”, explicó la coronel Caro quien dijo que se debe hacer controles permanente ya que los conductores transitan a alta velocidad en donde se han presentado varios incidentes. 

- La promesa que no se cumplió

Por su parte, José Benavides concejal de Ventaquemada, dijo que en diciembre del año 2016 en presencia del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, el entonces vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Germán Córdoba,  se había comprometido que en tres meses se daría inicio a la obra, cosa que no pasó. 

“Esperamos que en enero la partida, habrá que licitarlo, eso se iniciará en tres meses la construcción de ese puente”, fue el compromiso que hizo Córdoba en su momento a la comunidad del Puente de Boyacá y al gobernador Amaya.