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Por moción de censura, William Dau debe remover a su secretario de Participación

15 concejales votaron positivamente la moción de censura en contra del secretario Armando Córdoba por su "poca ejecución" al frente de esa dependencia.

El secretario de Participación, Armando Córdoba, presentó descargos este martes ante la plenaria del Concejo. Foto: Cortesía

Con 15 votos por el sí, dos por el no y dos concejales ausentes, el Concejo Distrital de Cartagena aprobó este miércoles la moción de censura contra el secretario de Participación, Armando Córdoba Julio, por lo que muchos consideran como poca gestión al frente de esa dependencia, por lo que ahora el alcalde William Dau deberá removerlo del cargo.

Los votos negativos fueron de los cabildantes Luder Ariza y Sergio Mendoza, del partido Alianza Verde, en el cual milita Córdoba. Y quienes no votaron fueron los cabildantes Fernando Niño (partido Conservador) y Claudia Arboleda (del Mira).

Lo que sigue ahora es que el Concejo Distrital remita al alcalde Dau el acta de la sesión en la que fue votada la moción, para que el mandatario proceda a remover del cargo al funcionario. 

Tras la moción, Córdoba grito a las afueras del Concejo, donde varios aliados suyos protestaron, que detrás de su salida hubo una "alianza corrupta". "Una alianza corrupta entre concejales corruptos, veedores falsos, una casa política, la casa Blel, que busca llevar a la alcaldía a un corrupto me han censurado y me han sacado del cargo de secretario el cual abandono con toda dignidad", expresó.

La moción y sus razones

La moción de censura que inició desde el pasado 8 de junio y la principal crítica del Concejo a Córdoba es que no pudo contratar el suministro de paquetes de alimentos para la población de la tercera edad ni las obras de adecuación de cinco centros de vida del Distrito, que son los lugares en los que los ancianos reciben atención nutricional, médica y desarrollan actividades lúdicas.

En el debate del pasado 8 de junio Córdoba señaló que desde el 14 de mayo había presentado a la Unidad Asesora de Contratación (UAC) el proyecto de contrato para los paquetes de alimentación, pero que “los tiempos de esa unidad” no habían permitido mayores avances para concretar la contratación.

Ese mismo argumento, que apunta a una responsabilidad de la UAC en la contratación de su dependencia, fue expuesto este 14 de junio cuando el Concejo lo escuchó en descargos, un proceso previo a la votación de moción de censura que se vota este miércoles.

Sin embargo, La W conoció documentos de la UAC, que fueron enviados al Concejo, en los cuales queda claro que Córdoba apenas presentó los procesos contractuales el 9 de junio, es decir cuando ya el Concejo le había empezado la moción de censura.  

Según detalló Nanee Valenzuela, directora de la UAC, Córdoba presentó un primer proyecto de contrato para alimentación de adultos mayores el 19 de mayo, ese proceso fue devuelto el 27 de mayo con solicitud de ajustes jurídicos y financieros que nunca fueron realizados por la Secretaría de Participación.

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El pasado 9 de junio, Córdoba radicó un nuevo proceso de contratación con el que busca el suministro de paquetes de alimentos por seis meses, por $5.038 millones. A ese nuevo proyecto la UAC también le hizo ajuste que, a pesar de la moción en su contra, el funcionario aún no envía a la unidad de contratación.

El otro proceso por el que Córdoba es cuestionado, el contrato de adecuaciones en cinco de los 30 centros de vida del Distrito también fue presentado el 9 y aún no recibe sugerencias de esa unidad.

A pesar de que en realidad esos procesos no avanzan, Córdoba insistió en que detrás de esto hay una persecución política en su contra. "Lo que nos están haciendo no es otra cosa que una vulgar persecución política. Nunca se habían ensañado tanto contra una persona como contra nosotros, ya no es el secretario, es contra una persona", expresó. 

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Córdoba es el segundo funcionario del gobierno de Dau en salir de su puesto bajo esta herramienta constitucional. En diciembre de 2020 fue removido el secretario de Planeación Guillermo Ávila, quien en marzo fue reintegrado por una orden judicial y luego renunció y salió de la administración distrital.

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