La Fiscalía demostró en la etapa de juicio oral que la exmandataria no acató los lineamientos de la Ley 80 de contratación y comprometió recursos públicos de manera directa.

La decisión cubre varios sectores del lugar, en los que se estima que podrían reposar los restos de alrededor de 300 desaparecidos durante el conflicto.