¿Tierra de nadie? Denuncian que Islas del Rosario se entregan “a dedo”

Colombia

W Radio ha podido establecer que los contratos de arriendo sobre baldíos reservados de la Nación que adelanta la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en las Islas del Rosario –la cual ha estado en el ojo del huracán por sus bajas tarifas–, estarían siendo entregados sin cumplir requisitos de ley o, como popularmente se conoce, “a dedo”.

Según investigó este medio de comunicación, la Agencia no está entregando en arriendo dichos bienes del Estado y de todos los colombianos bajo los Principios Generales de Contratación Estatal, pues no existen estudios previos escritos ni de análisis de mercado.

Tampoco aparecen registros en la plataforma SECOP2, lo que garantiza la publicidad, selección objetiva y pluralidad de oferentes. Así mismo, consultando expertos en contratación, no existe un procedimiento especial establecido en la ley que los habilite para saltarse el procedimiento por fuera de la normatividad contractual actual.

No obstante, La W conoció que la Agencia Nacional de Tierras emitió el Acuerdo 106 de 2019, el cual establece los lineamientos fijados para la entrega de dichos contratos y en el cual se establece textualmente lo siguiente:

• CAPITULO 1 - Artículo 6 / Criterios de evaluación técnica: “El proceso de selección que se adelantará, estará precedido por unos estudios previos que contendrán los determinantes ambientales particulares del predio, definidos por la autoridad ambiental y marítima competente, y establecerá requisitos de carácter técnico, administrativo y financiero que no podrán ser inferiores a los condicionamientos actual del predio”.

En un derecho de petición respondido por la Agencia, se confirma que, en la actualidad, no cuentan con los soportes ni la información sobre los requisitos ambientales y sociales que se establecieron para concretar dichos contratos de arriendo sobre estos bienes del Estado que pertenecen a los colombianos:

• Pregunta: “Se adjunte copia de los estudios de evaluación de impacto ambiental de las actividades, obras o infraestructura solicitadas por la agencia a los arrendatarios de los predios objeto de los contratos de arrendamiento”.
• Respuesta: Dando alcance su petición, me permito indicar que, la Agencia Nacional de Tierras no tiene la competencia para solicitar estudios de evaluación de impacto ambiental de las actividades, obras o infraestructura toda vez que esta función está en cabeza de las autoridades ambientales de conformidad con el artículo 53 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto 1076 de 2015. Por lo tanto, deberá elevar la solicitud, de manera clara y detallada ante la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique- CARDIQUE, a fin de que esta, como autoridad competente, le brinde toda la información de los estudios de evaluación de impacto ambiental a las actividades realizadas en los predios baldíos de la Nación ubicados en la zona insular.

La W elevó la misma consulta a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), la cual respondió que desconocía dicho requisito. Así las cosas, la Agencia Nacional de Tierras, además de no tener en cuenta los principios generales de contratación estatal, estableció requisitos de papel que no se cumplen y que, como resultado, arroja que los contratos se otorgan sin condiciones ambientales ni sociales requeridas para evitar la degradación ambiental de las islas.

Esta emisora también confirmó que, en los últimos cuatro años, la Agencia Nacional de Tierras ha entregado 18 contratos de arrendamiento de dichos bienes baldíos reservados de la Nación ubicados en las Islas del Rosario bajo este mismo extraño mecanismo.

Así mismo, estableció este mismo medio que la Agencia Nacional de Tierras no ha hecho el seguimiento correspondiente como autoridad que otorga el contrato a los arrendatarios sobre los trámites o autorizaciones ambientales que estos deben adelantar ante la autoridad ambiental, con el fin de que se esté la degradación ambiental de las islas, teniendo en cuenta que, según las normas ambientales, dichos trámites son de carácter previo basado en el principio de prevención.

Comunidades afro

La W también consultó a las comunidades nativas de dicha zona, las cuales tienen reconocimiento de especial protección constitucional.

Al respecto, han explicado a La W que no se les ha garantizado el derecho fundamental a la consulta previa para adelantar cualquier tipo de proyecto, obra o actividad en su territorio ancestral, como lo ha establecido la Corte Constitucional.