Aquí respondió el más pingo: Ángela Hernandez, sobre el Palacio de Justicia

Tras 33 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M19 y el Ejército Nacional, respectivamente, analizamos en La W Radio las diferentes miradas frente al hecho, con la participación de un familiar de una de las desaparecidas tras el hecho, y con la diputada del departamento de Santander, Ángela Hernández.

Tras más de 3 décadas de historia, el tema de la responsabilidad final de lo ocurrido, aún es objeto de discusión, teniendo en cuenta los diferentes momentos vividos durante los hechos. La incursión armada y toma de rehenes, y el posterior operativo de retoma armada de las instalaciones del máximo órgano del poder judicial del país, y las irregularidades en el manejo de la escena de los hechos.

Para René Guarín, hermano de Cristina Guarín, una de las mujeres desaparecidas en los hechos, lo ocurrido debe ser visto teniendo en cuenta los antecedentes de lo ocurrido, partiendo por un proceso de paz fallido entre la guerrilla del M19 y el gobierno en cabeza de Belisario Betancur Cuartas.

Guarín afirma que, si bien la guerrilla del M19 planeaba tomarse mencionadas intalaciones el día 6 de noviembre, el Gobierno nacional tenía pleno conocimiento de dichas intensiones, y afirma que en el diario El Siglo del 17 de octubre de 1985 se advertía de una acción de dicho grupo armado contra la nombrada institución, no obstante, el gobierno no tomó las medidas necesarias y “dejó que el hecho ocurriera”.

Según Guarín, el ex ministro Yesid Reyes, hijo de uno de los magistrados que perecieron durante los hechos, ha advertido que, en aquel día, el sistema de seguridad del edificio había sido reducido, a la vez que se ha afirmado, de manera falsa, según Guarín, que el presidente de la Corte fue el responsable de ordenar dicha reducción.

Así, para Guarín, si bien la guerrilla del M19 es el responsable de la toma, el Estado colombiano también posee un grado de culpa al no tomar las medidas necesarias, y al efectuar una “brutal retoma que dejó personas desaparecidas, que implicó torturas, ejecuciones extrajudiciales y la manipulación de la escena del crimen”.

Para Guarín, el alterar la escena del crimen no responde a un error, sino a un hecho premeditado, como lo respalda la CIDH, organismo que también estudia lo ocurrido.  Rene Guarín también señala como culpables de la situación actual sobre la investigación de los hechos del Palacio de Justicia, a la población civil, que no presionó en favor de la premura de las investigaciones, cuyo folio estuvo represado por cerca de 20 años, en los cuales también se actuó con indiferenciafrente a los reclamos de las familias de los desaparecidos.

Por su parte, para la diputada Hernández, “es lamentable que 33 años después se sienta que los colombianos aún tengamos la herida abierta”.  Para ella, los culpables y responsables de lo ocurrido son los miembros del M19, sin negar que existan agentes estatales que también tengan que responder, sobre todo por la “indolencia de tantos años” frente al tema de las víctimas.  

Insiste en que la responsabilidad principal es de los exguerrilleros, patrocidados por líderes narcotraficantes, que adelantaron una toma “de manera indolente y sin que les importara la vida de las personas que estaban allí”.  Para ella, los guerrilleros “hacen daño al pueblo, escudándose en la bandera de que trabajan para el pueblo”, y aclara que “alguien que ame al pueblo jamás hubiera hecho lo que ellos hicieron”.

A su turno, Guarín reitera que, para él, los únicos responsables no pueden ser los guerrilleros, y reafirma su argumento en contra de los agentes estatales, señalando que la voluntad de hacer caso omiso a los indicios sobre el plan de toma por parte del M19, solamente respondió a lo que él denomina “plan ratonera”, y era dejar que dieran el golpe, para poder justificar el contrataque empleando el tanque de guerra y ejercer el uso de la fuerza como realmente lo efectuaron.

Para Guarín, no solamente los narcotraficantes y guerrilleros tendrían interés en desaparecer algunos procesos que allí de estudiaban, y recordó que la misma comisión de la verdad indicó que había indicios de que los miembros del Ejército también fueron responsables de algunos de los incendios allí ocurridos. El familiar de la una de las 9 desaparecidas recordó que allí se estudiaba el caso que cursaba contra miembros de la fuerza pública por el asesinato y tortura de Olga López de Roldán y su hijo, en hechos posteriores al robo de las armas del Cantón Norte, lo cual demostraría que la quema de documentos no era un interés exclusivo de los grupos subversivos.

Guarín negó los argumentos presentados por Hernández quien afirmaba que no habría existido negligencia por parte del Estado en el retiro del cuerpo de seguridad, justificando ello en la visita del presidente francés de la época François Mitterrand, a lo que Guarín afirmó que ello no podría ser cierto en virtud de que dicha visita diplomática se había adelantado semanas atrás.

El invitado también señaló que la Comisión de la Verdad también encontró falsas las justificaciones del hecho (retiro de la seguridad habitual), en referencia a una autorización, previa reunión con las autoridades, por parte del entonces presidente de la Corte, señalando que la fecha establecida en la supuesta autorización, corresponde con una visita del magistrado a Ibagué, hecho que hace evidente la inexistencia de dicha reunión.

La diputada Hernández abogó por no olvidar en medio del análisis, que la guerrilla en cuestión, el M19, tenía un accionar delictivo amplio, y que para la fecha ya tenían en su haber varios hechos como la toma de la Embajada, el robo de la espada de Simón Bolívar y el masivo robo de las armas del cantón norte. “no estamos hablando de una guerrilla cualquiera”, señala la diputada.

En sus señalamientos a los agentes Estatales, Guarín también incluye una presunta manipulación en el tratamiento por parte de Medicina Legal de los cuerpos rescatados del incendio del Palacio de Justicia, revelando un informe presentado por dicha entidad en la que señala que existió presión por parte de Policía y Ejército para entregar de forma errónea algunos restos. Cita la entrega de un cuerpo masculino, “con testículos”, que se hizo pasar por restos femeninos.

Para Guarín, como familiar de una de los desaparecidos, las peticiones de las víctimas no se remiten a penas privativas de la libertad, afirma que ellos piden conocer simplemente la verdad de los hechos.

Frente a las denuncias de Guarín, Hernández pide respeto por la institución del Ejército, indicando que “no se les puede igualar con criminales que son responsables de actos premeditados”.

A lo anterior, Guarín señala que no se está poniendo en tela de juicio a la institución, más sin embargo si afirma que algunos funcionarios podrían haber obrado de forma incorrecta, recordando a su vez otros episodios como el del DAS en las chuzadas, y los casos de falsos positivos, donde algunos miembros de las fuerzas armadas y policiales se han visto involucrados.