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El Gobierno entregó cifras sobre la lucha contra la ilegalidad en el sector transporte

En reunión con líderes y representantes del gremio taxista, el Gobierno escuchó las inquietudes referentes a la ilegalidad, seguridad social e informalidades.

Iván Duque . Foto: Colprensa

El Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Iván Duque, y con el apoyo de la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco; el Viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos; el Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Carlos Alberto Baena; el Alto consejero presidencial para la Transformación Digital, Víctor Muñoz; la Superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama y el Director de la DITRA, General Carlos Ernesto Rodríguez, socializó en un dialogo abierto e incluyente con varios líderes y representantes del gremio de taxistas, los diferentes ejes de acción que se vienen ejecutando en la lucha contra la ilegalidad.

En ese sentido, se escucharon las inquietudes de los líderes en lo referente a ilegalidad, seguridad social e informalidad, entre otros temas. El Gobierno fue enfático en asegurar que viene adelantando acciones en el marco de la Estrategia Nacional contra la ilegalidad y la siniestralidad de la mano de La Vicepresidencia de la República, la DITRA y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Según cifras del Gobierno, en este trabajo se han priorizado 35 municipios en 6 departamentos, arrojando como resultado 28.706 órdenes de comparendo, de las cuales 11.813 han sido por prestación de servicio no autorizado, 5.281 por falta de revisión técnico-mecánica, 4.908 por conducir motocicleta sin cumplir las normas y 3.873 por conducir sin licencia. También se realizaron actividades preventivas que permitieron la sensibilización de 6.627 motociclistas, 1.016 ciclistas y 1.586 conductores de servicio público.

De la misma forma, el pasado mes de diciembre el Ministerio de Transporte emitió una circular en la que le reitera a las autoridades de tránsito del país que los conductores que violen el artículo 26 de la Ley 769 de 2002 y reincidan en la prestación del servicio público de transporte con vehículos particulares sin justa causa podrán suspender y cancelar la licencia de conducción por 25 años.

Otra de las acciones en la que se enfatizó durante el diálogo con el gremio de los taxistas fue la demanda contra la aplicación Picap, en la cual se argumentó que la prestación de este servicio es ilegal y representa un inminente riesgo que compromete la vida de los usuarios.