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Los informes de la UIAF que comprometerían a Armando Benedetti

La Corte Suprema de Justicia le pidió a varias entidades información sobre el congresista.

La Corte Suprema de Justicia le pidió a varias entidades información sobre Armando Benedetti. Foto: Colprensa

(Recomendamos: Armando Benedetti habría ordenado “chuzar” al fiscal general, su esposa y varios abogados)

La Corte Suprema de Justicia le pidió a varias entidades información sobre Armando Benedetti, entre ellas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

El resultado de ello son tres informes que se habrían hecho durante cinco meses y realizados por varios analistas de la UIAF.

(Lea también: Nunca se me ha pasado por la cabeza interceptar al fiscal General: Armando Benedetti)

Esos informes revelan tres casos:

El primero, un documento revelado por el portal Los Irreverentes, que señala que el 30 de noviembre de 2010, la señora Rubi Corredor Ruiz le compró a la Dirección de Estupefacientes un apartamento de 430 metros cuadrados por la suma de $1.600 millones. Dos semanas después, dice el portal, el 17 de diciembre, el apartamento le fue traspasado al senador Benedetti.

Lo curioso del asunto es que la señora hizo el traspaso sin que hubiera pago alguno. Se presume entonces que fue un regalo de Corredor, quien trabajó en la unidad de trabajo legislativo de Benedetti.

El segundo informe de la UIAF está relacionado con millonarios giros de dinero que el senador habría hecho desde Colombia a su hija cuando ella vivía en Suiza. Son altas sumas de dinero que fueron transferidas a bancos en distintos países de Europa.

La UIAF también le habría metido el diente a un presunto desvío de dineros del Departamento para la Prosperidad Social a fundaciones, presuntamente fachada, que estaban controladas por los padres del senador Armando Benedetti, los señores  Armando Benedetti Jimeno y Genoveva Villaneda.

Estas eran unas fundaciones para personas de la tercera edad, sin embargo, la UIAF señalaría en los informes que los recursos de esas entidades jamás se usaron para ello y que provenían del erario público. Se habla de una suma cercana a los $7.000 millones.