Obras del humedal Tibabuyes no pueden detenerse: Contraloría Distrital

El órgano de control advierte que la no culminación generaría detrimento patrimonial. Hay avances superiores al 70 % en los tres contratos que suman $60.000 millones.

La Contraloría priorizó el seguimiento a los tres contratos de obra que se adelantan desde 2018 en el humedal Juan Amarillo, también conocido como humedal Tibabuyes. Foto: https://humedalesbogota.com/

La Contraloría priorizó el seguimiento a los tres contratos de obra que se adelantan desde 2018 en el humedal Juan Amarillo, también conocido como humedal Tibabuyes. Foto: https://humedalesbogota.com/(Thot)

La Contraloría de Bogotá priorizó el seguimiento a los tres contratos de obra que se adelantan desde 2018 en el humedal Juan Amarillo, también conocido como humedal Tibabuyes, ubicado en la localidad de Suba.

Los tres contratos de obra tienen un valor cercano a los 60.000 millones de pesos, recursos apropiados por el Distrito Capital a través de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y que, al no ejecutarse, podría significar un detrimento patrimonial.

“Para la Contraloría, la finalización de las obras en el humedal es una prioridad para la ciudad, dado el significativo monto de los recursos que se ha invertido en ellas, su nivel de avance y las eventuales pérdidas derivadas de controversias jurídicas”, señala el órgano de control.

La ejecución de los contratos está discriminada de la siguiente forma:

Las obras de mejoramiento del sendero peatonal de 1.2 kilómetros, que conectará a las localidades de Engativá y Suba tienen una ejecución física del 76,5% y una financiera del 77,4%, por $20.055 millones, incluida la adición. Según la Contraloría, debido al abandono por parte del contratista, la EAAB adelanta acciones legales por incumplimiento del contrato.

Así mismo, las obras de construcción del parque lineal, al costado norte del humedal, con un costo de $19.954 millones -incluida la adición-, y las del borde norte medio y bajo, con un valor de $20.916 millones, presentan ejecuciones promedio de avance físico del 79.11% y financiero del 58,7%.

La Contraloría manifiesta que la ejecución de estos contratos se ha visto afectada por las suspensiones derivadas de la emergencia sanitaria; la implementación de protocolos de bioseguridad y las medidas impuestas por la Secretaría de Ambiente, que hizo necesaria la modificación del Permiso de Ocupación de Cauce (POC).

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