Internacional

Ecuador descarta contactos con tercer país para supuesto arresto de Assange

Su canciller señaló de igual modo que un persona presente en territorio ecuatoriano no puede estar por encima de sus leyes.

El canciller ecuatoriano, José Valencia, descartó este lunes que su país haya mantenido contactos con una tercera nación para presuntamente acordar el arresto de Julian Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012.

En declaraciones a periodistas, el canciller se refirió a rumores que circularon la semana pasada en redes sociales sobre la supuesta inminente terminación del asilo diplomático a Assange y el presunto acuerdo con Reino Unido para encarcelarlo.

"Ecuador, bajo ningún punto de vista, se ve sujeto a una presión externa", aseguró Valencia de forma tajante.

Tras considerar que esos rumores están "enteramente en desacuerdo con la verdad", recalcó que en el tema de Assange, Ecuador actuará "con apego al derecho internacional" y tomará una decisión "soberana, independiente y autónoma".

Asimismo, comentó que el Estado ecuatoriano ha permitido durante años que Assange reciba visitas en la legación diplomática y, en esa línea, el relator especial de Naciones Unidas para el derecho a la vida privada, Joe Cannataci, tiene previsto reunirse el próximo 25 de abril con el australiano nacionalizado ecuatoriano.

El pasado viernes, el Gobierno de Ecuador volvió a advertir al fundador de WikiLeaks que debe acatar las disposiciones y respetar al país que le concede asilo, pues nadie "está por encima de la ley".

"Ninguna persona bajo jurisdicción del Ecuador se encuentra por encima de la ley", remarcó la Cancillería en un comunicado en el que, no obstante, ratificó que mantendrá el asilo al australiano.

Y apuntó que "al emitir informaciones que falsean la verdad, el asilado y sus asociados expresan una vez más ingratitud e irrespeto hacia el Ecuador, en lugar de mostrar agradecimiento al país que lo ha acogido por casi siete años".

Subrayó que Ecuador ha efectuado "importantes gastos para costear su estadía en la embajada (en Londres), que ha soportado sus groserías" y que, "paradójicamente", Assange ha enjuiciado al país "por adoptar un protocolo de convivencia para prevenir que sus actos de mal comportamiento se repitan a futuro".

La Cancillería estimó que quizá la "andanada de insultos y noticias falsas," que sospecha se originaron en WikiLeaks, pueden tener su causa en una decisión del Parlamento de investigar la presunta participación de Assange en la filtración de información privada del presidente Lenín Moreno, sobre supuestos actos de corrupción.

Por ello, Valencia interpuso el pasado martes una denuncia ante el relator especial sobre Derecho a la Privacidad de Naciones Unidas, Cannataci.

Independientemente de los análisis que haga esa dependencia de la ONU, "Ecuador se reserva derechos a hacer sus propias investigaciones", indicó este lunes el titular de la diplomacia ecuatoriana.

Por su parte, en un comunicado emitido en Madrid, el equipo jurídico de Assange, coordinado por Baltasar Garzón, destacó la disposición del australiano y de su defensa para comparecer ante la Asamblea Nacional de Ecuador "en todo momento con las debidas garantías de inmunidad por las opiniones e informaciones que puedan ofrecerse".

"Y de esta manera, que se garantice, así mismo, que no influirán, en ningún caso, en la situación de Asilo conferida por el Gobierno ecuatoriano", apuntó.

El australiano se refugió en la embajada ecuatoriana en la capital británica en 2012 para evitar su extradición a Suecia, que entonces solicitaba su entrega por presuntos delitos sexuales.

En 2010, WikiLeaks divulgó más de 90.000 documentos clasificados relacionados con acciones militares estadounidenses en Afganistán y cerca de 400.000 documentos secretos sobre la guerra de Irak.

Ese mismo año comenzó a airear unos 250.000 cables diplomáticos provenientes del Departamento de Estado de EE.UU, por lo que teme que si sale de la Embajada y es arrestado, las autoridades del Reino Unido lo extraditen a ese país, donde podría afrontar acusaciones por espionaje que podrían comportar cadena perpetua. 
 

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