• Actualizado 30 Nov 2021 14:38

CIDH abre caso contra Colombia por tortura y muerte de joven a manos de policías

La persona fue señalada de presuntamente hurtar un vehículo y raptada. Su cuerpo apareció en el baúl de un carro.

Policias colombianos. Créditos: Getty Images

Policias colombianos. Créditos: Getty Images(Thot)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará la posible responsabilidad del estado por la impunidad penal absoluta en que se encuentra la investigación por la tortura y asesinato de un joven llamado Geovanni Soto a manos de agentes de la Policía en 2002.

De acuerdo con el expediente, el hombre fue detenido en Medellín por dos policías, quienes lo entregaron a dos agentes adscritos a la Sijin en Antioquia y luego de requisarlo y quitarle sus pertenencias lo metieron al baúl de un carro y se lo llevaron (según la versión del vigilante del parqueadero).

Al día siguiente su cuerpo apareció en el baúl con signos de tortura, fracturas y algunas partes de su cuerpo calcinadas. Según las heridas que presentaba, su muerte se produjo en relación con laceraciones producidas con un arma cortopunzante.

Debido a lo anterior, la petición se sustentó en que por esos hechos y luego de 19 años del crimen aún no existe ni una sentencia penal en firme contra los policías que participaron en el crimen y solamente en el ámbito disciplinario tres agentes de la institución fueron inhabilitados por veinte años.

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Así las cosas, la Comisión consideró oportuno admitir el caso para evaluar la petición de la familia del joven contra la falta de "diligencia" en las investigaciones.

"...la Convención Americana resulta aplicable a la presente petición dados los más de 19 años transcurridos desde la muerte de la presunta víctima sin información respecto a que las autoridades estatales hayan esclarecido los hechos ni proferido sanciones penales, ni realizado desde 2005 gestiones encaminadas a esos fines" indica la decisión.

Además, el órgano internacional consideró oportuno verificar también las denuncias adicionales de la familia de Soto, relacionadas con las presuntas irregularidades judiciales que no les han permitido acceder a una reparación económica.

Por su parte el estado había solicitado que se rechazara la petición por "extemporánea", argumentando que el caso fue llevado a la CIDH seis meses después de que todos los procesos por ese caso fueran fallados.

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