Procurador exhorta al Gobierno a revelar el acuerdo de Justicia
Indica que si no se siguen los estándares internacionales, el acuerdo sería insostenible jurídicamente.
Foto: Colprensa.(Thot)
El procurador general, Alejandro Ordóñez, exhortó al Gobierno a que revelen el texto completo del acuerdo en materia de Justicia transicional que anunciaron este miércoles con las Farc. Ordoñez pide que se cumplan los estándares internacionales de Justicia ya que, según él, omitir las penas de prisión para los máximos criminales, así estos confiesen sus responsabilidades, podría convertir el acuerdo en un acuerdo de impunidad, insostenible jurídicamente.
"Si la sanción se trata solamente de trabajo, obras y actividades, resultaría manifiestamente inadecuado respecto a la gravedad de crímenes cometidos. Igual sucedería con una restricción a la libertad que no sea reclusión", afirmó Ordóñez.
El procurador también cuestionó el monto de las penas y el hecho de que desde la Habana se haya negociado el tratamiento judicial de los militares, ya que quedan sometidos a la jurisdicción especial de la paz. "A pesar de que se habla de simetría en el trato para miembros de la fuerza pública e integrantes de las Farc, la Procuraduría llama la atención sobre el hecho de que al someter la amnistía señalada en el Protocolo II al delito político y a los delitos conexos con este, se excluye a militares y policías, teniendo en cuenta que ellos, por la naturaleza del servicio público que tienen encomendado, no pueden cometer el delito de rebelión y en general el delito político. Es una amnistía que sería aplicable solo a favor de las Farc. El Protocolo II no condiciona la amnistía a los delitos políticos o conexos", agregó Ordóñez.
Para Ordoñez, se sometió la suerte jurídica de los militares y policías al dictamen de las Farc. Situación que, según el Procurador, el Gobierno siempre negó.
"Si la sanción se trata solamente de trabajo, obras y actividades, resultaría manifiestamente inadecuado respecto a la gravedad de crímenes cometidos. Igual sucedería con una restricción a la libertad que no sea reclusión", afirmó Ordóñez.
El procurador también cuestionó el monto de las penas y el hecho de que desde la Habana se haya negociado el tratamiento judicial de los militares, ya que quedan sometidos a la jurisdicción especial de la paz. "A pesar de que se habla de simetría en el trato para miembros de la fuerza pública e integrantes de las Farc, la Procuraduría llama la atención sobre el hecho de que al someter la amnistía señalada en el Protocolo II al delito político y a los delitos conexos con este, se excluye a militares y policías, teniendo en cuenta que ellos, por la naturaleza del servicio público que tienen encomendado, no pueden cometer el delito de rebelión y en general el delito político. Es una amnistía que sería aplicable solo a favor de las Farc. El Protocolo II no condiciona la amnistía a los delitos políticos o conexos", agregó Ordóñez.
Para Ordoñez, se sometió la suerte jurídica de los militares y policías al dictamen de las Farc. Situación que, según el Procurador, el Gobierno siempre negó.
