Auditoría de BanAgrario determinará presuntos daños fiscales por préstamo a Odebrecht
Así como por la compra de libranzas a Estraval, sostuvo la Contraloría General de la República.
Banco Agrario. Foto: Colprensa/Germán Enciso(Thot)
La Contraloría General de la República verificará cuáles son las opciones reales que se tienen de recuperar los dineros prestados a la empresa Navelena y la posible responsabilidad que pueden tener funcionarios del Banco y particulares comprometidos en la operación.
A la fecha no ha sido pagado el capital ni los intereses de tal préstamo, que ascienden a la suma de $133.974 millones. El Banco ha realizado requerimientos al deudor sin que a la fecha se dé una recuperación efectiva.
En el tema de la compra de cartera de libranzas a Estraval, se verificará la legalidad de las autorizaciones dadas en este proceso.
Esta auditoría regular es adelantada por un equipo auditor de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras.
Casos:
- Crédito a Navelena
El Banco Agrario de Colombia otorgó un crédito por $120 mil millones a Navelena S.A.S, en la cual, la empresa brasileña Odebrecht cuenta con una participación accionaria mayoritaria.
El crédito, que se otorgó en el año 2015 con plazo de un año, tuvo dos desembolsos; uno por $70 mil millones, el 12 de diciembre de 2015, y otro por $50 mil millones, el 22 de diciembre siguiente.
A la fecha, no ha sido pagado el capital ni los intereses, que ascienden a la suma $133.974 millones. El Banco ha realizado requerimientos al deudor sin que a la fecha se encuentre recuperación efectiva de estas sumas.
La auditoría se centra en determinar el daño fiscal que se pudo derivar del estudio del riesgo en el otorgamiento del crédito, en el proceso de aprobación del mismo, en los desembolsos y en la constitución y efectividad de las garantías.
Así mismo, el ejercicio auditor se encamina a determinar las opciones reales de recuperación de los dineros públicos comprometidos en la operación, y los funcionarios y particulares llamados a responder por los hechos que hubieran podido generar algún daño al patrimonio del Estado.
- Compra de libranzas a Estraval
El 31 de enero de 2013, la Junta Directiva del Banco Agrario de Colombia, según consta en el acta 494, aprobó el proceso de compra de libranzas y las modificaciones al manual SARC, a efectos de habilitar la posibilidad de realizar dichas operaciones.
Las operaciones individuales de compra de cartera se iniciaron en el mes de septiembre de 2013. En junio de 2014 el Banco Agrario Colombiano realizó la compra de cartera de libranzas a Estraval.
A 31 de diciembre de 2016, el Banco había comprado libranzas a diferentes entidades, incluida Estraval, por la suma de $315.386 millones, que a dicha fecha presentan un saldo a capital de $277.029,4 millones, como se muestra a continuación:
El Banco Agrario de Colombia compró a Estraval 4.872 obligaciones por valor de $22.937,1 millones y ocupa el tercer lugar en las libranzas compradas con un 12,9 % del total de 37.924 créditos adquiridos.
Estraval se encuentra en liquidación judicial a cargo de la Superintendencia de Sociedades, y el Banco, como afectado, se ha presentado a reclamar $15.926.494.432 por concepto de capital y $3.740.002.203 por concepto de prima, para un total de $19.666.496.636.
Estraval S.A. adquirió, para posteriormente negociar con el Banco Agrario, obligaciones representadas en pagarés - libranzas originados en diferentes cooperativas, entre las que se encuentran: Conalrecaudo, Coopdesol, Cooprosol, Coopsonal, J Emilios, Coopreal, Cooperativa Credifap, Cooperativa el Pijao, Cooperativa Multiactiva de Lideres, Cooperativa Multiprogreso y Cooperativa Bonanza, que a la fecha se encuentran en proceso de liquidación.
La auditoría que adelanta la Contraloría se enfoca en determinar el daño fiscal derivado de estas operaciones, la legalidad de las autorizaciones dadas en el proceso de compra de esta cartera, el cumplimiento y estudio de los requisitos jurídicos de los títulos valores que instrumentan las obligaciones objeto del negocio, el reconocimiento de las acreencias en los procesos liquidatorios, así como la posibilidad real de recaudo de los recursos públicos inmersos en este tipo de operaciones.
