El acueducto construido por vecinos que acabó con los entierros a lo "bunde"

En su pueblo, Varejonal, cada dos o tres meses enterraban a uno por culpa de las aguas insalubres.

Llegó hasta aborrecer la música negra porque es la que suena en los "bundes", unos rituales que la población afrodescendiente del Pacífico colombiano celebra para despedir a los niños muertos. Sonidos y bailes alegres durante los que no se puede llorar, "porque los niños son ángeles que vuelan hacia el cielo".

"Cuando construimos el acueducto, dejaron de morir niños y de celebrarse bundes", cuenta Vivas.

Pero el acueducto no cayó del cielo ni el Estado tampoco fue a construirlo. Los vecinos del área se organizaron y empezaron a llamar puerta a puerta hasta reunir 9 millones de pesos de entonces. En 1997, el sistema de agua y alcantarillado de Jamundí era una realidad.

Vivas es una de las 300 personas que participó esta semana en el VII Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua, en la ciudad panameña de Santiago, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la Fundación Avina.

Un foro que cada año reúne a todos esos hombres y mujeres que de manera casi siempre altruista llenan el vacío que dejan los Estados y brindan agua de calidad al 25 % de los latinoamericanos, según los últimos datos del BID. Una cifra nada desdeñable.

"La mayoría de los Gobiernos se han dedicado a llevar agua a las grandes ciudades y han desatendido las comunidades periurbanas y las zonas rurales", explica a Efe el presidente de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (Clocsas), Rolando Marín.

Las conocidas como Ocsas, organizaciones con personalidad jurídica propia, nacieron a mediados del siglo pasado en Chile y Costa Rica y empezaron a expandirse por toda la región hasta llegar a las más de 80.000 agrupaciones que existen hoy en día.

Son la máxima expresión del autogobierno y un ejemplo de eficiencia y transparencia. Según Vivas, un ciudadano de Cali que recibe agua de la administración pública o de una empresa privada cualquiera puede llegar a pagar hasta 5 dólares más al mes.

La colombiana Yadira Gutiérrez creció viendo a su madre recorrer varios kilómetros al día para hacer la colada y recoger agua, por eso, cuando terminó de criar a sus hijos, se enroló en una Ocsas, "un movimiento muy femenino".

Aunque en los últimos 25 años Latinoamérica ha conseguido que 220 millones de personas tengan acceso a servicios de agua y saneamiento, en pleno siglo XXI aún hay 34 millones de personas que no cuentan con agua segura y 17 millones que defecan al aire libre, de acuerdo con el BID.

"Si una familia no tiene electricidad una noche, sobrevive (...) pero si consume agua no potable o contaminada, se enferma y se resiente su salud, su bolsillo y su productividad", afirma el jefe de la División de Agua y Saneamiento del BID, Sergio Campos.

Las obras de saneamiento son poco populares entre los Gobiernos porque tienen poca rentabilidad política, ya que las administraciones que las ponen en marcha rara vez llegan a inaugurarlas.

Pero sí tienen una alta rentabilidad económica, según la Jefa del Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Aecid, Carmen Jover: "Por cada dólar que se invierte hay un retorno de entre 8 y 35 dólares".

El principal escollo al que se enfrentan estos guardianes del agua es la invisibilidad. La mayoría no cuenta con el reconocimiento de los Estados, a pesar de que en algunos países andinos o centroamericanos suministran agua al 40 % de la población.

El acceso universal a agua limpia y saneamiento es uno de los siete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que los países acordaron poner en marcha en enero de este año.

Dicen los expertos que si Latinoamérica sigue así, estará cerca de cumplir la meta en 2030. Pero no necesariamente gracias a la labor y al esfuerzo de los Estados. Las Ocsas dan fe de ello.