JEP recibió dos informes que denuncian más de 150 falsos positivos en el Putumayo

W Radio tuvo acceso en exclusiva a los documentos con los que 9 mesas de víctimas del Putumayo y la fundación Guérnica denunciaron ante la JEP la ocurrencia de por lo menos 158 falsos positivos cometidos presuntamente por el Ejército, en el departamento entre 1990 y el año 2015.

Dentro del informe "Responsabilidad de la fuerza pública en el departamento del Putumayo por la ejecución extrajudicial de civiles" que fue recibido por el magistrado auxiliar de la JEP Hugo Escobar, en presencia de la Procuraduría Delegada y otros magistrados, se describe la muerte de civiles en masacres como la denominada "Masacre del Aeropuerto de Puerto Asís", operaciones de la Fuerza Pública y por lo menos 100 ejecuciones extrajudiciales individuales, así como falsos positivos judiciales, desplazamientos y violencia contra líderes comunales.

"La JEP no tiene solo que esclarecer el alcance de la práctica ilegítima, sino también sancionar a los máximos responsables a fin de nutrir e informar un debate público que lleve a la construcción de políticas que aseguren la no repetición de esta práctica" señala el documento.

En el informe se presentan testimonios de decenas de testigos y familiares de los casos que denuncian, por ejemplo, se incluyó la declaración de un campesino, quien señaló que un joven de 17 años fue asesinado por el Ejército en el Valle del Guamuez. 

Según su relato escuchó varios disparos muy cerca, y luego de esconderse ante el paso de un grupo soldados se acercó a la zona desde la cual ellos venían. Allí verificó que la víctima estaba boca abajo, tenía 4 disparos en el pecho y llevaba puesto un brazalete y ropa de las autodefensas.

" “Ellos dijeron que era, o sea, que andaba con los paramilitares, que eso fue la guerrilla seguro que lo mató porque era paramilitar; y la mamá recogió testimonios, muchos vecinos, nosotros hablamos, que no, que el chico nunca lo vimos, nunca salía a la calle, nunca mantenía con nadie, que no podía ser paramilitar porque nunca se le vio nada extraño” indicó el testigo.

Según el informe, ese confuso hecho acaecido en el 2002 aún sigue en una completa impunidad.

Dentro del documento se incluyen versiones de presuntos responsables como el exmilitar Aníbal Gómez que perteneció a las unidades asentadas en el Putumayo y posteriormente al Bloque Central Bolívar de las Auc. Gómez corrobora la existencia de esa práctica criminal (según él) ante la presión de las esferas más altas del Ejército y el estado.

"Como no habían resultados reales, a medida que la prensa y la comunidad internacional pedían resultados, esos resultados eran ficticios y se armaban entre comandantes de Autodefensas y del Ejército" señaló.

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Las víctimas solicitaron a la JEP que llame a versión libre ante el tribunal al expresidente Álvaro Uribe, a los ministros de defensa, comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército entre 2002 y el 2010 para que respondan si tenían conocimiento de las denuncias sobre esas prácticas en el departamento.

"Los altos mandos del gobierno y del Ejército Nacional - por el cargo que ejercieron - deberán responder ante los magistrados de la JEP en el marco del Caso No. 003, como mínimo, por su responsabilidad de mando", señala el informe.

Asimismo, las víctimas le solicitaron a la Sala de Reconocimiento que escuche a los generales Jorge Ballesteros Rodríguez, Hernán Cadavid Barco, Luis Alberto Ardila Silva, Germán Galvis Corona, Jorge Octavio Ardila Silva y Leonardo Alfonso Barrero Gordillo quienes según el documento comandaron entre el 2002 y el 2011 la Sexta División del Ejército, con influencia en el Putumayo, con el fin de establecer si conocían acerca de las denuncias relacionadas con ejecuciones ilegales.

Ante su presunta responsabilidad directa en la comisión de ese delito, en el informe también se incluyeron los nombres de 13 militares sobre quienes las víctimas piden que la JEP también fije su mirada.

Dentro de las peticiones de la Fundación Guérnica y las Mesas de Víctimas se encuentra que todas las víctimas que fueron presentadas en el informe sean reconocidas como tal ante la JEP, que las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el Putumayo sean priorizadas por la Sala de Reconocimiento.