• Actualizado 23 Ene 2022 13:10

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¿Quiénes pagaron y quiénes no en escándalo de Odebrecht?

Wilson Martínez, penalista y ex vicefiscal General, explicó en Sigue La W que todavía se tiene un déficit en términos de capacidad de investigación de la Fiscalía

5 años del escándalo en Colombia de los sobornos trasnacionales de la multinacional Odebrecht. Foto: Colprensa

5 años del escándalo en Colombia de los sobornos trasnacionales de la multinacional Odebrecht. Foto: Colprensa(Thot)

Wilson Martínez, penalista, ex vicefiscal General de la Nación y profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, afirmó en Sigue La W que “este caso de Odebrecht pone en evidencia que, lamentablemente, la Fiscalía tiene profundas limitaciones para dar cuenta de los grandes casos de corrupción, especialmente cuando se trata de corrupción trasnacional y corrupción transnacional organizada”.

“Hemos tenido tres estatutos anticorrupción, apuntando a aumentar penas, disminuir beneficios”, dijo Martínez, “pero todavía tenemos un déficit en términos de capacidad de investigación de la Fiscalía”, debido a que “falta personal, falta capacidad para obtener cooperación internacional”, apuntó, añadiendo que “muchas de las pruebas que se necesitan solo se tienen si hay apoyo de otros países que tienen esas pruebas. La estructura de la Fiscalía para ese apoyo es deficiente”.

Sobre los casos pendientes del escándalo de Odebrecht, el ex vicefiscal respondió que “cada caso es diferente. La investigación que adelanta la Fiscalía está enmarcada en las pruebas que es capaz de conseguir frente a cada uno de los responsables. Hay documentos que señalan de manera más claras a unos que a otros. Hay unos casos que pueden avanzar más rápido, otros están estancados”.

“En Colombia tenemos un marco jurídico bastante desarrollado para perseguir los bienes ilícitos, pero está centralizada en actividades del narcotráfico. La gran mayoría de los procesos de extinción de dominio son de casos de narcotráfico, todavía son pocos los casos para los bienes de los corruptos. Podría ser un problema estructural del sistema de justicia colombiano”.

En diciembre, se cumplirán 5 años desde que estalló el escándalo de los sobornos trasnacionales de la multinacional Odebrecht que se derivó del ‘Lava Jato’ en Brasil. La captura de Marcelo Odebrecht, uno de los cerebros detrás de la estrategia de sobornar presidentes, ministros, congresistas, contratistas, empresarios en Latinoamérica para ganar grandes proyectos de infraestructura y quedarse con recursos públicos, marcó el inicio del escándalo en Colombia, después de que confesara ante una Corte de Estados Unidos, el pago de 11,5 millones de dólares en sobornos en Colombia, pero la cifra fue aumentando a medida que se descubría el entramado de corrupción que logró desviar cerca de 50 millones de dólares.

En diciembre de 2020 quedó en libertad condicional Gabriel García Morales, exgerente del INCO y exviceministro de Transporte, condenado a 5 años de prisión y a pagar una multa de 65,6 millones de pesos. Negoció un principio de oportunidad por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Tuvo rebaja de pena por aceptar cargos de cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos. García Morales fue el encargado de direccionar el proceso de licitación para beneficiar al consorcio ganador de la Ruta del Sol II.

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El 11 de febrero de 2021, Otto Bula, excongresista que en el senado ocupó la curul de Mario Uribe, fue condenado a pagar 5 años y 4 meses de prisión como uno de los ‘mensajeros’ de Odebrecht para sobornar y conseguir los contratos.

En agosto de 2021 el senador del partido de la U, Bernardo Miguel ‘el ñoño’ Elías, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 8 años y 4 meses de prisión por concierto para delinquir y lavado de activos; y a pagar una multa de 15.008 salarios mínimos legales vigentes. Elías había sido condenada en 2018 a 6 años y 8 meses de prisión por cohecho y tráfico de influencias. En 2018 aceptó haber facilitado el otrosí número 6 del contrato de la Ruta del Sol II en el tramo Ocaña-Gamarra, logrando además que se estipularan las condiciones más favorables para los intereses de Odebrecht en el proyecto de navegabilidad del río Magdalena.

García Morales salpicó a los hermanos Enrique y Eduardo Ghisays Manzur representantes de la empresa Lurion Trading Inc con sede en Miami Estados Unidos. Esas empresas abrieron cuentas en Andorra y en Angola para mover la coima, cobrando una comisión de 750 mil dólares. Enrique Ghisays fue condenado a 10 años y 9 meses de prisión, y su hermano Eduardo, a tres años de prisión domiciliaria después de aceptar cargos por lavado de activos. 

José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, fue condenado a 11 años y siete meses de prisión, por beneficiarse de contratos de infraestructura vial. Fue condenado por interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. La justicia lo encontró responsable de dar el aval para entrega 6,5 millones de dólares al entonces gerente del INCO, Gabriel García Morales a cambio de que adjudicara el contrato de la Ruta del Sol II al consorcio conformado por Odebrecht y Corficolombiana. Pese a los cuestionamientos del senador Jorge Enrique Robledo contra Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, señalados de conocer la operación corrupta como cabezas de Corficolombiana, la Fiscalía cerró la investigación en su contra. 

Antes de morir, Jorge Enrique Pizano, excontroller de la Ruta del Sol, advirtió en una entrevista al periodista Iván Serrano de Noticias Uno (la cual autorizó publicar solo después de su muerte), los graves hechos de corrupción que encontró en documentos y pruebas que le entregó, sin que nada pasara, al entonces abogado de Corficolombiana y de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Néstor Humberto Martínez, a quien la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, le acaba de archivar la investigación. Néstor Humberto Martínez nunca hizo público su impedimento, por las confesiones de Pizano, para investigar el escándalo Odebrecht en la Fiscalía que llegó a dirigir. Las escalofriantes denuncias de Pizano quedaron sin tener respuesta.

Los excongresistas Bernardo Elías y Otto Bula, salpicaron a las exministras de Transporte Cecilia Álvarez y Gina Parody, por presuntos intereses particulares en la adición del contrato Ocaña Gamarra aprobada en un Conpes en el que no se declararon impedidas. Durante esta aprobación tampoco se declaró impedido Néstor Humberto Martínez, entonces ministro consejero o ‘súper ministro’. En 2019 la Fiscalía reabrió la investigación por supuesto conflicto de intereses a Álvarez y Parody.

Bula y Elías, también salpicaron a Luis Fernando Andrade expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, imputado nuevamente por la Fiscalía en marzo de 2021, luego de que una juez de Bogotá anulara el llamado a juicio por su supuesta responsabilidad en irregularidades de la Ruta del Sol III. El pasado ocho de julio, Andrade fue llamada a juicio disciplinario por la Procuraduría, mientras él, insiste en su inocencia.

Uno de los principales objetivos de Odebrecht en Latinoamérica fueron los candidatos presidenciales y sus campañas políticas. Sus directivos confesaron haber infiltrado en Colombia las campañas de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, sobornando asesores, entregándoles recursos a través de publicidad, como el pago de 1,6 millones de dólares al publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendonça conocido como Duda Mendonça, y de afiches publicitarios por 400.000 dólares a la campaña Santos Presidente a través de Roberto Prieto. El Consejo Nacional Electoral archivó la investigación contra Santos y Zuluaga, al igual que la Comisión de Acusación de la Cámara contra el expresidente Juan Manuel Santos.

Muchas piezas nunca se armarán en el rompecabezas de corrupción de Odebrecht en Colombia. En algunos casos por un pacto de silencio de los responsables más visibles quienes asumieron las condenas, en otros procesos, por falta de dientes de la justicia para perseguir todos los tentáculos. Y en otros escenarios, por intereses que permean las instituciones de carácter político y judicial.

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