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Indignante: descubren contratos inflados para atender la emergencia por COVID-19

Felipe Córdoba, contralor general de la República, aseguró que es necesario tener un ambiente de control en todas las regiones del país.

Felipe Córdoba, Contralor General de la República. Foto: Colprensa

Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la República, afirmó en diálogo con Sigue La W que esa entidad ha vigilado los contratos que se han hecho en las diferentes regiones del país desde el 10 de marzo.

Esto a raíz de una investigación realizada por Sigue La W que reveló irregularidades en varios contratos en algunos departamentos: contratos con sobrecostos; asignación de contratos a empresas que, aparentemente, no tienen idoneidad; elementos o productos innecesarios o en cantidades absurdas, entre otras irregularidades.

Algunos de estos contratos irregulares que encontró la Contraloría están en Sincelejo, Sucre con sobrecostos de alimentación. A su vez, aseguró ver con “preocupación” la compra de insumos médicos en Casanare. “En Tolima encontramos un contrato de comunicaciones en crisis de Covid-19 sería por mil millones de pesos, pero la propuesta era de 420 millones”, añadió. “En Arauca la lata de atún está a 19 mil pesos”.

Sin embargo, el Contralo afirmó que “tenemos herramientas de prevención para estos temas. Estamos con gran oportunidad verificando qué está sucediendo. Son alrededor de siete mil contratos que estamos verificando” “La inteligencia artificial nos ha ayudado rápidamente encontrar lo que antes era imposible para el ojo humano”, expresó

“Lo que hacemos nosotros es verificar desde el primer momento todos los contratos: desde sus ofertas hasta todo el esquema contractual”, explicó, añadiendo que, desde el principio, las cuentas no les “cuadró” a dicha entidad con algunos contratos.

Comentó que, si bien no puede haber coadministración entre la Contraloría y la Procuraduría, la primera entidad “alerta” sobre posibles problemas en las contrataciones. “Abrimos procesos fiscales que serán mucho más rápidos, no se demorarán un período completo para recuperar los recursos públicos”.

En cuanto a la contratación directa, Córdoba explicó que deben tener un “ambiente de control”, debido a que la licitación pública para entrega de ayudas humanitarias dura 45 días, mientras que las personas necesitadas requieren estas ayudas en los próximos días.