Las Farc piden al Gobierno alto el fuego bilateral o regularización del conflicto

Las

Farc

confirmaron en

La Habana

el final del

alto el fuego unilateral

que declararon hace dos meses y pidieron al Gobierno que analice la posibilidad de un cese bilateral de las hostilidades o la búsqueda de la regularización de la guerra.

La guerrilla lamentó concluir el plazo de la tregua que anunció el 20 de noviembre pasado, un día después de instalarse en la capital cubana los diálogos por la paz entre su delegación y la del

Gobierno de Juan Manuel Santos.

Así lo hizo saber el jefe del equipo negociador de las Farc, Luciano Marín Arango (alias

"Iván Márquez

"), quien dijo que "con dolor en el corazón debemos admitir que vuelve la etapa de los partes militares de guerra que nadie quiere".

Al abundar en el asunto, el delegado insurgente dijo a su llegada al

Palacio de Convenciones

de La Habana, sede de las conversaciones, que quería aprovechar "una vez más para pedirle al

Gobierno de Colombia

que estudie la posibilidad de analizar un cese bilateral de fuegos y hostilidades para rodear con un ambiente tranquilo estas conversaciones de paz".

El presidente Santos dijo el sábado pasado que la fuerza pública está preparada para responder a acciones que las Farc puedan desarrollar tras acabar el cese de hostilidades unilateral.

Santos insistió en que "el terrorismo es una demostración de debilidad", si bien reconoció que el grupo rebelde ha cumplido en términos generales con la tregua ofrecida.

No obstante, el grupo rebelde ofreció al Ejecutivo la búsqueda de "un tratado de regularización de la guerra atendiéndonos a las especificidades del conflicto interno de Colombia para evitarle a la población mayores padecimientos".

En tal sentido "

Iván Márquez

" señaló que podrán "convenir muchos aspectos para lograr este propósito humanitario", y apuntó que pretenden "atenuar el impacto" del conflicto en la población civil fundamentalmente.

El fin de la tregua coincidió con la última jornada previa al receso que se tomarán este lunes los delegados de la guerrilla y del Gobierno colombiano en las conversaciones que tienen por sede permanente a La Habana y que según el calendario previsto continuarán a partir del próximo martes.

En un comunicado, las Farc destacan el reconocimiento que hizo el presidente Santos "del cumplimiento por parte de las Farc de la cesación unilateral de sus acciones ofensivas durante 60 días", pero califican de "insensata" la ofensiva militar estatal contra sus campamentos.

También valoraron como "positivo" que el mandatario colombiano coincidiera con la guerrilla en que "es un mecanismo de consulta popular el que debe refrendar un posible acuerdo de paz", aunque Santos ha dicho que en ningún caso se celebraría una asamblea constituyente.

El problema de la tierra, origen del conflicto y primer punto de la agenda de diálogo, sigue centrando estas negociaciones después de que las partes recibieron las aportaciones de la sociedad colombiana sobre ese asunto recogidas en diversos foros de participación.

El resto de los asuntos pactados para debatir son la entrega de las armas por parte del grupo guerrillero, la entrada de los rebeldes desmovilizados en la vida política, el narcotráfico y la reparación a las víctimas del conflicto.

Al retomar las reuniones en

La Habana

, después de un descanso por las fiestas de Navidad, los negociadores del Gobierno estimaron que este nuevo ciclo de conversaciones abre una fase para "conseguir resultados" concretos de cara a un acuerdo que ponga fin al conflicto armado en su país.

Además enfatizaron en que durante este nuevo periodo de diálogo se debe avanzar hacia la finalización del conflicto con "nuevo ritmo y energía".

Los rebeldes, por su parte, iniciaron esta fase con el anuncio de una iniciativa que incluye "diez propuestas para una política de desarrollo rural y agrario integral con enfoque territorial".

En los últimos días las Farc insistieron en reclamar la comparecencia del

ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo

, en la mesa de negociaciones, denunciaron el impulso que ha tomado en Colombia el fenómeno de la propiedad extranjera sobre la tierra, y solicitaron al Gobierno parar los proyectos de ley en el Congreso relacionados con asuntos de la agenda del proceso de paz.