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Sustitución de DNE por Sociedad de Activos Especiales no ha sido suficiente: Contraloría

Estudio sectorial conocido por La W advierte fallas como la duración prolongada de los procesos judiciales de extinción de dominio y la inoperancia de la figura de depositarios.

La W conoció en primicia un nuevo jalón de orejas de la Contraloría a la Sociedad de Activos Especiales. Foto: Colprensa / ÁLVARO TAVERA

La W conoció en primicia un nuevo jalón de orejas de la Contraloría a la Sociedad de Activos Especiales. Se trata de un estudio sectorial del ente de control, en donde se resalta que la sustitución de la Dirección Nacional de Estupefacientes por la Sociedad de Activos Especiales, no ha sido suficiente para mejorar la administración de bienes incautados ni para superar los riesgos de corrupción.

El ente de control analizó los resultados del actual modelo de administración de bienes incautados y determinó que los resultados obtenidos no son los esperados. Esto, debido a que el diseño de administración de bienes incautados se limitó a crear esta entidad, desconociendo la procedencia, estado real y otras características de los bienes incautados.

Para ello, la Contraloría evidenció fallas como: duración prolongada de los procesos judiciales de extinción de dominio, inoperancia de la figura de depositarios, inconvenientes para el desalojo de predios, dificultades para la enajenación de activos debido a restricciones del mercado, desconocimiento de la localización y estado de muchos bienes, falta de coordinación con las entidades de registro para obtener la información de los bienes.

Además, advierte el organismo de control que no se ha producido un impacto importante en las políticas que se deberían atender con las productividades de los bienes incautados, que incluyen: inversión social, fortalecimiento de la justicia, reparación de víctimas y desarrollo rural.

Igualmente, la financiación de estos programas se vio limitada por la baja ejecución de las transferencias líquidas, que en el periodo 2015-2018 alcanzaron apenas el 37% frente al presupuesto proyectado para asignación a las entidades beneficiarias.

Presentación previa del documento adjunto:


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