Corte Penal Internacional pidió mantener en prisión a expresidente filipino por riesgo de fuga
El exmandatario Rodrigo Duterte, de 80 años, fue detenido en marzo en Manila y trasladado a La Haya tras la emisión de una orden de arresto por presuntos crímenes de lesa humanidad.
HONG KONG, CHINA - MARCH 09: Former Philippine President Rodrigo Duterte gives a speech during a campaign rally at Southorn Stadium on March 09, 2025 in Hong Kong, China. Former Philippine President Rodrigo Duterte addressed thousands of overseas Filipino workers at a campaign rally in Hong Kong's Southorn Stadium, fueling speculation that he may be trying to avoid a possible arrest warrant from the International Criminal Court. The rally, which also featured Vice President Sara Duterte, was part of a campaign for the PDP-Laban senatorial slate ahead of the Philippines' May 12 midterm elections. (Photo by Anthony Kwan/Getty Images) / Anthony Kwan
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) pidió a los jueces que mantengan en prisión al exmandatario filipino Rodrigo Duterte y desestimen su recurso contra la negativa de libertad provisional dictada el 26 de septiembre, al considerar que persisten los riesgos de fuga, obstrucción del proceso y reiteración delictiva.
El escrito de la Fiscalía, presentado hoy en versión pública redactada, califica de “razonable y correcta” la decisión que ordenó la continuidad de la detención y acusa a la defensa de basarse en un “mero desacuerdo”, tergiversar la motivación judicial y malinterpretar la norma aplicable.
Recuerda además que los jueces ya vieron “motivos razonables” para creer que Duterte pudo haber cometido crímenes que entran en el ámbito de competencias de la CPI en Filipinas y que su arresto es necesario para asegurar su presencia en un eventual juicio, proteger la investigación y prevenir nuevos delitos.
El documento cita materiales, en parte redactados, sobre conductas de allegados y colaboradores de Duterte para sostener que el acusado “tiene medios, directos o a través de terceros, para obstruir” los procedimientos.
Menciona también a familiares que calificaron el arresto de “secuestro”, la resistencia física al arresto en Manila, los mensajes para desacreditar a la Corte, su declarado deseo de regresar a Filipinas y la expectativa de una eventual pena larga si es condenado.
Sobre los motivos de salud y razones humanitarias alegados, la Fiscalía sostiene que los informes médicos aportados por la defensa fueron elaborados para evaluar la aptitud para el juicio, no para eliminar los riesgos de fuga u obstrucción, y que el tribunal concluyó “tras un examen exhaustivo” que no acreditaban la mitigación alegada.
Recuerda además que el Estatuto de Roma, el tratado del tribunal, no permite la libertad por motivos humanitarios si subsisten las causas de detención, y que en todo caso no se demostraron perjuicios tan graves derivados de la reclusión.
El escrito, que pide confirmar íntegramente la decisión del 26 de septiembre que negó la libertad provisional y ordenó la detención continuada de Duterte, también rechaza “en los términos más enérgicos” las declaraciones de su abogado que sugieren una “decisión predeterminada” de mantenerlo preso, y las considera “preocupantes”.
Duterte, de 80 años, fue detenido en marzo en Manila y trasladado a La Haya tras la emisión de una orden de arresto por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la llamada “guerra contra las drogas” en Filipinas, tanto cuando era presidente del país como alcalde de Davao.
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