Fiscalía imputó a exmagistrado por presunto direccionamiento de fallos judiciales
Los elementos de prueba indican que Carlos Alberto Vargas Bautista habría acordado, a cambio de dádivas, favorecer las pretensiones económicas de un grupo de demandantes.
Imagen de referencia. Foto: Colprensa – Álvaro Tavera(Thot)
La Fiscalía General de la Nación imputó al exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, por los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión y cohecho propio.
El material probatorio obtenido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia permitió conocer nuevos hechos de corrupción en los que habría participado el exfuncionario judicial. Al parecer, a cambio de dádivas, falló irregularmente demandas contra el Hospital Militar y la Superintendencia de Sociedades.
En la investigación se estableció que, en los dos casos, intervino como representante y asesora de los demandantes la señora Kelly Eslava Montes, una exempleada del magistrado, quien supuestamente gestionó las retribuciones por el direccionamiento de las decisiones.
En 2014, la abogada Eslava Montes como apoderada de un consorcio temporal radicó una demanda contra el Hospital Militar. El caso, por reparto, llegó al despacho del entonces magistrado Vargas Bautista. Este aceptó el estudio del proceso y no se declaró impedido ante la evidente cercanía con la representante de los peticionarios.
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Año y medio después, el exfuncionario condenó a la institución médica y asistencial a pagar 25 mil millones de pesos. Por esta actuación, presuntamente, los favorecidos le entregarían al magistrado el 25% del valor reconocido en el fallo.
En el segundo evento, fue condenada la Superintendencia de Sociedades a pagar 506 millones de pesos a un particular y 29.890 millones de pesos a una sociedad agrícola. Aquí, la abogada Eslava Montes fue asesora de los demandantes.
Por emitir estas sentencias, Vargas Bautista habría recibido un automóvil Mercedes Benz y un apartamento en Mosquera (Cundinamarca).
En 2019, el hoy procesado fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato y cohecho. En su momento se presentó evidencia de que comprometió sus decisiones y falló contra el Hospital de Ubaté (Cundinamarca); y la Empresa de Acueducto de Bogotá, en una pretensión por un predio en el Humedal Jaboque.
