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Así se han robado la salud en Colombia: Norte de Santander

El departamento cuenta hoy con 961 camas para cuidados intermedios, y 128 para unidades de cuidados intensivos para atender la pandemia del coronavirus.

Norte de Santander es una de las regiones más afectadas por el robo de dineros para la salud. Foto: Getty Images

En esta quinta edición del especial en salud de Sigue La W, el programa miró la situación actual del departamento de Norte de Santander en medio de esta crisis por el coronavirus. Silvano Serrano, gobernador de este Departamento, afirmó que su prioridad es “salvar vidas”, pero por los momentos no cuentan con los recursos para “asegurar el funcionamiento” de los hospitales públicos.

El departamento cuenta hoy con 961 camas para cuidados intermedios, y 128 para unidades de cuidados intensivos para atender la pandemia del coronavirus. No obstante, la gobernación anunció que se instalarán otras 400 camas, que se repartirán así: 150 en Cúcuta, 45 en Ocaña, 45 en Pamplona y 10 en Tibú. además, se está asfaltando una cancha de fútbol para instalar carpas con capacidad para 100 camas adicionales de cuidados intensivos.

Según Serrano, el 90 por ciento de la capacidad de las entidades sanitarias está ocupado. Sin embargo, instalarán 480 camas nuevas de hospitalización y 462 de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

“Necesitamos que el Gobierno Nacional nos pueda acompañar a los territorios para poder operar, porque si no vamos a terminar colapsando a los hospitales públicos”, comentó.

Norte de Santander entre migrantes y coronavirus 

El departamento de Norte de Santander es una de las regiones más afectadas por el robo de dineros para la salud, pero además tiene el agravante de ser una zona fronteriza en donde llegan cientos o miles de migrantes provenientes de Venezuela, quienes también demandan la prestación de este servicio de primera necesidad. Sin embargo, su infraestructura hospitalaria y su cobertura son insuficientes para atenderlos a todos.

Al respecto, señaló su preocupación con respecto a la frontera con Venezuela, puesto que en los últimos tres días “han cruzado más de mil personas”, las cuales “hacen tránsito por nuestro Departamento”, poniendo en riesgo la salud de la población. “Se dispuso de un control de desinfección y tamizaje de salud en el sector del peaje, un acompañamiento por parte de la Policía en el recorrido de estos buses hasta Migración Colombia”.

Agregó que además del tema de salud, se tiene un problema con la situación de los migrantes Venezolanos porque muchos de ellos quieren regresar vecino país. 

Sostuvo que se busca ampliar el número de camas para la atención oportuna de los pacientes contagiados con coronavirus, pero que se requiere de más ayuda en las diferentes regiones del departamento y que atraviesan una difícil situación humanitaria. 

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Por otro lado, en este departamento son varios los casos y las formas en las que se ha perdido plata para el sector salud y así lo demuestran los datos de la Contraloría General de la República que tiene abiertos nueve procesos por presunta responsabilidad fiscal, los cuales suman más de cuatro mil millones de pesos, por irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la sanidad de esta región del país.

El primero de los casos tiene que ver con un cruce de la base de datos de docentes afiliados al régimen especial de salud, en este caso se detectaron 254 docentes afiliados al régimen subsidiado a quienes se les habría cubierto el pago de salud por 117 millones de pesos en el año 2016. Pero además hubo un sobrecosto en la compra de medicamentos dentro del contrato 041 de 2011 por 252 millones de pesos.

La Contraloría también evidenció que se benefició con medicamentos y procedimientos a afiliados al régimen subsidiado, con recursos del Sistema General de Participaciones -SGP-. Acá el detrimento sería de  79 millones de pesos. En otro caso, hubo pagos de servicios de salud a usuarios del régimen subsidiado con recursos del programa de atención a población pobre no asegurada en la vigencia 2016 por 147 millones de pesos.

En Norte de Santander también se cancelaron servicios de salud por un valor de 90 millones de pesos a usuarios del régimen contributivo, relacionados con la atención de consultas, con recursos correspondientes al programa de atención a población pobre no asegurada. Allí se detectaron 438 usuarios que utilizaron consultas médicas que eran con destinación específica para los que no contaban con seguro médico.

También hubo atención a usuarios del régimen subsidiado, del contributivo, y como si fuera poco del régimen especial del magisterio, con los recursos de la población pobre que no estaba asegurada, pagando más de 1.085 millones de pesos.  En otro caso, se revisaron las bases de datos de sanidad de la Policía Nacional, seccional Norte de Santander, y se detectaron 4.435 casos de multiafiliacion, de los cuales 1.882 estaban activos tanto en la dirección de sanidad de la policía como en el régimen subsidiado, o habían fallecido pero en vigencias anteriores estuvieron afiliados simultáneamente. Acá el presunto detrimento fue por 2.495 millones de pesos.

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Finalmente, la entidad de control evidenció que en Norte de Santander, con los recursos de la salud, se presentó la multiafiliación de docentes vinculados al municipio de Cúcuta en la vigencia 2014 y esto costó 25 millones de pesos. Igualmente, hubo un pago de servicios de salud a usuarios del régimen contributivo con recursos de la población pobre en la vigencia 2016.

La salud actualmente enfrenta una crisis en Norte de Santander 

Arístides Hernández, miembro del sindicato de trabajadores de la salud Anthoc, comentó que es tal la falta de equipamiento médico que “hoy los médicos internos hicieron protestas porque no tienen tapabocas para atender a las personas”. Además, dijo que “no hay implementos necesarios para entregárselos a todos los trabajadores del sector salud.

“Sabemos que hay más de 16 pacientes sospechosos por coronavirus y 46 compañeros, entre auxiliares médicos, parrilleros y servicios generales, esperan también que se les realicen las pruebas porque no se implementó el Plan de Contingencia”, aseveró Hernández, añadiendo que desde su sindicato se reclamó la disponibilidad de los medios de bioseguridad para todos los trabajadores de salud sin importar la patología del paciente. “Hay varios del personal médico en cuarentena por no contar con los implementos de bioseguridad”.

“Los robos a la plata en el Departamento han sido flagrantes, y hoy vemos sus consecuencias”, dijo.

Por último, denunció que, mientras las zonas de hidratación que deben estar establecidas en todas las instituciones de salud no se encuentran a la mano, en las administraciones donde están gerentes y subgerentes tienen neveras. “Esto hace parte de la inseguridad que pueda presentarse”.

Sostuvo que uno de los casos más graves se presentan en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, de la ciudad de Cúcuta, el cual presentó un reciente caso por el gasto al parecer irregular de recursos de la salud y que la Procuraduría ya tiene bajo la lupa. 

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