Condenas contra el Estado han obligado a destinar un total de 11,2 billones de pesos
La cantidad de dinero que ha tenido que pagar el estado en condenas equivalen a dos veces los ingresos esperados de la más reciente reforma tributaria.
Demandas contra el Estado. Foto: Colprensa
Según un reciente informe realizado por la Contraloría General de la República, las demandas contra el Estado colombiano en los últimos 14 años se han convertido en una vena rota para las finanzas públicas, se calcula que se ha tenido que destinar un total de 11,2 billones de pesos del presupuesto general de la Nación para ponerse al día en dichas condenas. Algo así como el mismo valor que ha costado la implementación de la Ley de Justicia y Paz desde 2005 hasta 2016, o dos veces los ingresos esperados en la más reciente reforma tributaria.
Pero la fuga de dinero por condenas parece seguir en aumento debido a que el mismo estudio reveló que las pretensiones de las demandas que actualmente enfrenta el Estado, equivalen a un total de 5.383 billones de pesos registradas contablemente por las entidades públicas de los órdenes nacionales y territoriales a 31 de diciembre de 2016.
En el orden nacional, las pretensiones registradas llegaron a $5.340 billones, encabezadas por entidades del sector social con $3.043.9 billones, seguido por el sector defensa, justicia y seguridad con $1.210.4 billones.
En el orden territorial, la mayor participación la registran los departamentos con $14.5 billones, comenzando con Antioquia 6.4 billones de pesos, Sucre 3 billones de pesos y Córdoba $0,75 billones de pesos, que suman el 70% del total de las entidades territoriales. En segundo lugar territorial, están los municipios con 9.8 billones de pesos, donde encabeza el municipio de Medellín con 2.8 billones de pesos en pretensiones en contra y Cali con 1.1 billones de pesos, que representan el 40% del total de los municipios en solo dos ciudades. En tercer lugar territorial, se encuentran las empresas de servicios públicos con 6 billones de pretensiones en contra, donde sobresale la Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá con 4.5 billones de pesos, 75% de las pretensiones de las empresas del nivel descentralizado territorial.
De esta manera la Contraloría General de la República consideró que debe mejorarse también la planeación presupuestal de las entidades para disminuir los tiempos de mora en el pago de los fallos en contra, y lograr atenuar el impacto sobre las finanzas públicas al igual que mejorar el funcionamiento y cumplimiento de tareas de las distintas entidades del Estado colombiano.