¿Está en riesgo la libertad de prensa? Así defiende César Lorduy a cuestionado artículo

Bogotá

El pasado 3 de diciembre, la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) y la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) se pronunciaron a través de un comunicado en rechazo a un artículo incluido en la ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley Anticorrupción que, según consideraron, “atenta contra la libertad de prensa”.

La preocupación del gremio se deriva de la posibilidad de que quien cometa injuria y calumnia en contra de funcionarios o exfuncionarios públicos que obstruyan sus actividades públicas incurrirá en prisión de sesenta a ciento veinte meses y una multa de mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal.

Así lo señala el documento: “Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la ley 906 de 2004″.

De este modo, las asociaciones manifestaron su preocupación debido a que no entienden qué relación tiene una disposición de este tipo con el objeto de la ley, puesto que la tipificación de los delitos de injuria y calumnia, y la responsabilidad penal y civil extracontractual derivada de la comisión de los mismos aplica para todos quienes cometan esos actos en Colombia, sean o no funcionarios o exfuncionarios públicos o sus familiares. Por este motivo, manifiestan que no se explica la creación de un régimen especial o privilegiado en caso de que los sujetos pasivos de tales delitos fueran estas personas.

El representante César Lorduy, del partido Cambio Radical, conversó con La W acerca de los cuestionamientos sobre la iniciativa y defendió su promulgación.

Así respondió el congresista: “Todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia (…) uno de los factores que aumentan la percepción de corrupción es sobre la base de que funcionarios y exfuncionarios pueden ser permanentemente objeto de injuria y calumnia. Tres años después, cuando la persona demuestra que no es así, el denunciante se retracta y ahí queda, pero el daño ya está hecho”.

De esta manera, Lorduy reiteró que el principio constitucional de presunción de inocencia permanece inalterado: “La justificación del proyecto tiene que ver con corrupción (…) investigaciones ante Fiscalía indican que el 95% de hechos de corrupción en que se señala a funcionarios públicos terminan en injuria y calumnia. Queda el registro de que supuestamente es un acto de corrupción, pero a la persona jamás se le comprobó”.