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Mesa de trabajo de baldíos: ANT habló de dificultades para cumplir fallo

Luego del reciente fallo de la Corte Constitucional acerca de las tierras baldías, la Procuraduría habló en Contrarreloj acerca de la mesa de trabajo para avanzar en con el cumplimiento de la sentencia.

Mesa de trabajo de baldíos: ANT habló de dificultades para cumplir fallo

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Imagen de referencia de terreno baldío. Foto: Getty Images

Tras el reciente fallo de baldíos de la Corte Constitucional que impartió una serie de órdenes para las autoridades competentes de administrar las tierras de la Nación y además que le ordenó al Congreso y al Gobierno que asignen los recursos necesarios para la creación de una Jurisdicción Agraria que ya se encuentra en marcha, la Procuraduría General convocó una mesa de trabajo, con todas estas entidades.

Gustavo Guerrero Ruíz, procurador delegado de asuntos Ambientales y Agrarios, habló acerca de esta reunión en W Radio.

La Agencia Nacional de Tierras, al parecer, dijo en esta mesa que tenían bastantes dificultades para cumplir con los inventarios que le ordenó realizar la Corte respecto a los predios rurales de los que no había un registro; dijo el procurador que: “insisten en las dificultades porque no hay catastro multipropósito y porque no hay claridad en el registro instrumentos públicos sobre los predios de dominio privado”.

En conversación con la ministra de Agricultura, Cecilia López, en W Fin de Semana, se habló del incremento al presupuesto que tendrá este ministerio y si habrá o no fortalecimiento financiero de la ANT para cumplir con el fallo, (que recordemos es de inmediato cumplimiento desde la notificación del comunicado). Según la Procuraduría se estableció un seguimiento para que en competencia de sus funciones se pueda garantizar el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.

Además, el Consejo Superior de la Judicatura habló de 44.200 procesos de pertenencia total en el país y de un plan de capacitación para los jueces en derecho agrario para esta nueva jurisdicción y que exista un canal de comunicación y notificación entre los jueces y la Agencia Nacional de Tierras.

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