Contraloría encontró más de 300.000 hectáreas incautadas aptas para reforma agraria

Hace unos días tuvimos aquí a José Daniel Rojas, director de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, quien reveló una cifra preocupante: Del millón de hectáreas incautadas para entregar a familias campesinas, que mencionó en campaña el presidente Gustavo Petro, solo había 60.000 reales.

Lo demás estaba refundido o irremediablemente perdido.

Pues bien hay una buena noticia. La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría (Diari) logró identificar 310.000 hectáreas incautadas o con proceso de extinción de dominio completo.

Es decir hay 5 veces más tierra de la que esperaba la propia SAE hasta hace unos días.

Esas tierras están arrendadas, ocupadas sin pago o simplemente desocupadas, abandonadas.

La Diari, que es como la división de inteligencia de la Contraloría General, revisó la base de datos entregada por la SAE y la contrastó con títulos, información georefenciada y aerofotografías.

También encontró que muchas de las propiedades estaban inventariadas bajo unidades de medida diferentes: hectáreas, fanegadas, cuadras, varas, en fin los investigadores unificaron todo bajo hectáreas.

A su vez hicieron la clasificación del uso posible de los predios rurales para incluir en la cifra únicamente los que son explotables en actividades de agricultura, ganadería y preservación forestal.

Excluyeron los que no tienen vocación agropecuaria por estar en zonas de expansión urbana, las fincas de recreo sin mayor potencial cultivable y los bienes que por estar a nombre de personas jurídicas tienen un procedimiento de extinción diferente.

Por alguno de esos motivos, excluyeron alrededor de 3.000 propiedades pero quedaron 5.4000 que suman 310.000 hectáreas de tierra aptas para la producción rural.

Esto en plata blanca quiere decir que el Estado tiene ya un poco más del 10 por ciento de la tierra que planea comprar con Fedegán, calculada en 3 millones de hectáreas.

Esta es una de las primeras conclusiones de la Contraloría General que trabaja en un informe sobre posibles actos de corrupción en el manejo de bienes sujetos a procesos de extinción de dominio.

El análisis puede estar listo la semana entrante.

La Contraloría clasificó los predios incautados que no aparecen en la base de la SAE, de la siguiente manera:

• El 44 por ciento de esos bienes ya tuvieron cancelación de la anotación porque la justicia le dio la razón a sus propietarios.
• El 20 por ciento fue vendido por el Estado a particulares.
• El 6 por ciento de esos bienes ha sido entregado a entidades del Estado como la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional de Tierras.
• Y aquí está el problema: El 30 por ciento de ellos tiene medida cautelar vigente y debería estar bajo la administración de la SAE pero no lo está.

Los hallazgos prometen ser reveladores.

Bonus Track 1: En los llamados guacamayaleaks, una filtración de información de la Fiscalía, El Espectador encontró que presuntamente Odebrecht le efectuó pagos al condenado exministro de agricultura Andrés Felipe Arias. Yesid Arocha, alto directivo de la corrupta multinacional brasilera, relató que la relación de ellos con Arias empezó en 2009 cuando era precandidato presidencial y que se extendió hasta 2012. La declaración viene a conocerse a raíz de la filtración porque ni la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, ni la actual de Francisco Barbosa han hecho nada para investigar al exministro Arias, a quien muchos llaman uribito.

Bonus Track 2: El Noticentro CMI informó cerrando su emisión que Sergio González, presidente de la ETB, había renunciado anoche y que la junta le había aceptado la carta. La dimisión tiene lugar después de que aquí en El Reporte, se revelaran unas denuncias del concejal de Bogotá Diego Cancino según las cuales González es corresponsable del descalabro del plan de móviles de la ETB. Las pérdidas de la empresa en este campo llegan a 600.000 millones de pesos. La ETB informó que su presidente Sergio González renunció porque asumirá la presidencia para Colombia de una multinacional.

Bonus Track 3: El Grupo SURA emitió anoche un comunicado en el que informa que después de la dimisión de 4 miembros de su junta, lo cual significa la desintegración del órgano directivo, se reunieron sin convocatoria los 3 restantes –todos representantes del grupo Gilinski— por sí y ante sí declarándose junta sin tener atribuciones estatutarias. El comunicado señala “En esa reunión manifestaron su intención de aceptar la OPA por las acciones de Nutresa”.

La comunicación de Sura continúa diciendo “Esa no es una decisión de la Junta Directiva de Grupo Sura. Como tal es inexistente”.

La oferta para controlar Nutresa viene de la familia real de Emiratos Árabes Unidos, la misma familia que ha sido socia de los Gilinski en este y en otros negocios.