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Esta fue la propuesta del ministro de Justicia para descongestionar las cárceles

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, participó en el Congreso de Derechos Humanos que se realizó en la ciudad de Montería, donde se analizó la crisis carcelaria.

Néstor Osuna en Congreso de Derechos Humanos en Montería. Foto: Defensoría del Pueblo.

Néstor Osuna en Congreso de Derechos Humanos en Montería. Foto: Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, reformar el Código Penal permitiría la descongestión en las cárceles y centros transitorios de reclusión donde el hacinamiento cada día es más preocupante, pues solo en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de policía, habría una sobrepoblación de 12.744 privados de la libertad.

Según el funcionario, con la reforma se podría lograr la libertad de aquellos procesados o condenados que no representen un peligro para la sociedad.

El delito de inasistencia alimentaria no sirve para la víctima; el niño o niña a quien su padre no le paga alimentos, pues si va a la cárcel menos lo va a hacer. En estos momentos hay unas 750 personas en las cárceles del país condenadas por inasistencia alimentaria, todos hombres, no hay una sola mujer, lo cual indica que es un delito profundamente masculino, pero ninguno de ellos está cumpliendo con la cuota alimentaria desde la cárcel, así que esa es una idea que podría llevarse a cabo”, precisó el funcionario.

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En ese sentido sostuvo que es necesario reformar el Código Penal “a través de una política que se llevará al Congreso en marzo del año 2023, cuando el Congreso reanude las sesiones ordinarias para que se discuta ampliamente, queremos propiciar una discusión abierta con toda la sociedad sobre el sentido del castigo, el sentido de los castigos de prisión tan largos, si eso se puede cambiar por castigos de prisión más cortos, pero acompañados de resocialización, de reparación a la víctima y de oportunidades para no reincidir”.

Finalmente, insistió en que la política criminal del Estado colombiano ha sido un fracaso “porque no ha producido una disminución de los índices de delito y tampoco ha producido esa sensación de tranquilidad”.

El pronunciamiento del funcionario se conoció en el marco del Congreso de Derechos Humanos que se realizó en Montería, donde se analizó la crisis carcelaria en el país durante los días 10 y 11 de noviembre.

En este mismo evento, resaltó que el problema de hacinamiento se podría superar con cerca de 40.000 cupos en las cárceles. Sin embargo, no habría los recursos requeridos para ampliar los establecimientos penitenciarios, por lo que insistió, entonces, en resocializar a los procesados y condenados de baja peligrosidad.

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