Gerente de Afinia y gobernador de Bolívar enfrentados por impuesto de seguridad

Cartagena

Es un hecho que los cartageneros y bolivarenses iniciarán a pagar, desde el mes de enero, un impuesto en la factura de la energía denominado ´Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana´.

El saliente gobernador Bolívar, Vicente Blel, sancionó la ordenanza 364 del 2023, “por medio de la cual se ordena la emisión y cobro de la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana”; esto luego que el fuera aprobado sin al parecer una discusión profunda en la Asamblea Departamental.

La gobernación insiste que los estratos 1 y 2 estarán exentos al pago de este impuesto, señalan que están obligados a pagar estratos 3, 4, 5 y 6, etc.

El secretario jurídico de la gobernación de Bolívar, Juan Mauricio González, indicó se trata de una tasa tipo progresivo la cual está llamada a impactar a los que más dinero tienen, por lo que estratos 1 y 2 no pagarían ningún tipo de saldo.

“La intención no es impactar a la ciudadanía más pobre, pero a partir de allí los que tienen mayores ingresos contribuyan de mejor manera. Este proyecto está diciendo que las instituciones educación oficial no deberían pagar la tasa, los hospitales oficiales no deberían pagar la tasa; estamos hablando de quien más ingresos tenga sea que el haga la contribución, una contribución que nos va a beneficiar a la integridad de los ciudadanos, pero que no afecte el bolsillo de los más pobres del departamento de Bolívar”, sostuvo González.

Insistió, “para el sector residencial la discusión de la base gravable es a través del estrato socioeconómico, ¿cuál es la tarifa para el estrato 1 y 2?, para efectos del pago de la tasa la respuesta es 0, está asociado al estrato socioeconómico. Para los demás, estoy hablando de comercial, industrial, auto generadores, se están asociando al mecanismo de consumo; el mecanismo de consumo nos permite decir que, quien más consume está llamado a hacer el pago de la tasa, quienes menos consumen pagaran menos en esta tasa de seguridad”.

La decisión de sancionar la ordenanza fue cuestionada por el gerente de AFINIA, Javier Lastra, quien señaló que no es el momento adecuado porque incluir un costo adicional recibo de la energía contribuiría a los incrementos que se vienen dando por los altos costos de la energía trazados en en bolsa.

“Este sería un costo adicional que le correspondería pagar a los estratos del 3 al 6, a los industriales y comerciales, sobre todo a este último que los costos vienen asociados al consumo; queremos decirles que no estamos de acuerdo e invitados a todos los actores, particularmente a los que fueron elegidos como alcaldes de los municipios del departamento de Bolívar, también al gobernador para rechazar la vinculación del costo adicional en el recibo de energía”, dijo Javier Lastra.

Ante esto el electo gobernador de Bolívar, Yamil Arana, manifestó que se requieren recursos para mejorar los indicadores de inseguridad en el departamento, puntualizó que AFINIA es descarada porque suben 14% en el precio de la tarifa y el proyecto de la tasa solo la sube 1.7% fijo, no 14% cada dos meses como lo hace la empresa.

“Mientras las empresas no reguladas pagan $400 el kilovatio, AFINIA cobra a los usuarios bolivarenses $900; el problema de fondo es el costo de la tarifa, AFINIA no es la indicada para hacer comentarios acerca de nada de nuestro departamento, esperamos que la nueva administración del alcalde Federico Gutiérrez de la ciudad de Medellín ponga control a esta gente porque esta abusando cada día más de los bolivarenses”, expresó Yamil Arana.

Puntualizó, “aquí el problema es el costo de la tarifa de la energía y esa es la lucha que vamos a dar ante el gobierno nacional, una lucha sin descanso, una lucha para lograr una vez por toda que baje el costo de la tarifa de energía en al región caribe”.

En Cartagena y municipios de Bolívar aseguran que la aprobación de esta ordenanza se hizo de manera express, tuvo menos de 7 días para estudiar, discutir y aprobar el proyecto; además cuestionan que la Asamblea Departamental no cuenta con espacios de participación ciudadana para recibir aportes sobre proyectos estudiados, pues esta iniciativa no fue socializada en audiencias públicas ni retroalimentada por la ciudadanía.