Contraloría cuestiona al Gobierno por reforma de servicios públicos y subasta de energía

La Contraloría General expresó sus preocupaciones por el futuro energético del país. Específicamente por la subasta de las nuevas plantas de generación de energía para el período 2027-2028, que realizó el Gobierno la semana pasada.

Para recordar, el Gobierno hace esto para que el país tenga más energía disponible en 2027. Sin embargo, en este caso el 99% de la energía asignada fue con plantas solares y el 1% de plantas térmicas.

Por tanto, el ente de control afirma que la mayor preocupación es que, aunque se asignaron 4.489 megavatios, por distintas razones como licencias ambientales o audiencias públicas, esa energía no esté en 2027.

“Nadie garantiza que no pase lo que ha sucedido con subastas anteriores, que se han adjudicado como 6 o 7 mil megavatios, pero no ha entrado ni el 60% de lo adjudicado”, alerta la entidad.

Además, se cuestiona que esos cerca de 4.500 megavatios en realidad no produzcan más allá de 15 Gigavatios hora - día.

Por eso dice que el país tiene que seguir contando con plantas térmicas, dado que la energía solar es intermitente, y la subasta no incluyó baterías.

“La demanda de energía hoy es aproximadamente de 230 o 240 Gigavatios hora diarios y si solamente entran 15 GW hora es posible que, dentro de 4 años, con un crecimiento de al menos 5% de la demanda de energía, se necesite un 20% adicional. Es como si necesitaran más de 40 GW hora - día y solo se adjudicaron 15″, agregó la Contraloría.

A ello agregó que “en la actual coyuntura es imprescindible la culminación de los proyectos de fuentes no convencionales comprometidos para la expansión de la oferta, a la par de garantizar seguridad y confiabilidad del abastecimiento, y en tal vía se debe tener en cuenta, no solo el costo de producción sino la densidad de energía y potencia, el riesgo de disponibilidad, la eficiencia energética, la intermitencia y aleatoriedad de cada tecnología”.

Finalmente señala que es previsible que las tarifas no vayan a bajar mientras no haya mayor oferta de energía en grandes cantidades y no se cuente con reglas claras, esto último teniendo en cuenta que la posible modificación de las leyes de servicios públicos, 142 y 14 de 1994, podría ahuyentar inversión.