Human Rights Watch pide no prestar asistencia a la Justicia Militar de Colombia
La ONG argumenta que el sistema de justicia penal militar está planteado en contra del respeto a los Derechos Humanos.
Human Rights Watch (HRW) instóa la Unión Europea a través de una carta a no prestar asistencia a Colombia en la aplicación del nuevo sistema de Justicia Penal Militar.
El director para América de HRW, José Miguel Vivanco, y la directora de incidencia para la UE, Lotte Leicht, hicieron esta petición a la jefa de la política exterior comunitaria, Catherine Ashton, en respuesta a la intención de la UE anunciada el pasado 25 de junio pasado de asesorar a Colombia en este campo.
"Exhortamos (a la UE) a que no brinde asistencia al sistema de justicia penal militar de Colombia mientras éste tenga competencia para entender en violaciones de derechos humanos, contrariamente a lo exigido por las obligaciones jurídicas internacionales asumidas por Colombia", advierte la misiva.
Esta Organización No Gubernamental (ONG) siempre ha manifestado su oposición a la reforma constitucional del Fuero Militar colombiano aprobado en el Congreso en diciembre de 2012 para ampliar la competencia de esa justicia especializada, que revisará las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado cometan en actos de servicio.
De este modo, la jurisdicción ordinaria se encargará de crímenes de lesa humanidad como genocidio, desaparición, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento.
El pasado 20 de junio quedó reglamentado este sistema a través de una ley estatutaria que ha suscitado las críticas de HRW y también de las Naciones Unidas, al considerar que quedan vacíos jurídicos que pueden llevar a que la Justicia militar atienda algunos crímenes de lesa humanidad.
Estas normas "generan un grave riesgo de que casos de asesinatos cometidos por militares, que se conocen como ''falsos positivos'' sean transferidos de los fiscales de la justicia penal ordinaria al sistema de justicia penal militar", denunció la carta de HRW.
Y argumentó que la ley estatutaria "no garantiza que los casi 4.000 casos de presuntos falsos positivos que la Fiscalía investiga en la actualidad como ''homicidio agravado'' u ''homicidio en persona protegida'' continúen a cargo de los fiscales de la Justicia ordinaria".
HRW explicó que la definición de "ejecución extrajudicial" que se reconoce como un caso de "falsos positivos" contempla sólo que a víctimas que no hayan tratado de escapar del agente del Estado y que éste la haya puesto en estado de indefensión, al tiempo que se acaba de incluir como un nuevo delito en el Código Penal.
Por lo tanto, los abogados podrían alegar que los hechos son anteriores a que fuera identificado el delito de "ejecución extrajudicial" y por lo tanto se trata de "homicidios agravados o en persona protegida" que corresponderían a la jurisdicción militar, y cabría un riesgo de impunidad, según la ONG.
El director para América de HRW, José Miguel Vivanco, y la directora de incidencia para la UE, Lotte Leicht, hicieron esta petición a la jefa de la política exterior comunitaria, Catherine Ashton, en respuesta a la intención de la UE anunciada el pasado 25 de junio pasado de asesorar a Colombia en este campo.
"Exhortamos (a la UE) a que no brinde asistencia al sistema de justicia penal militar de Colombia mientras éste tenga competencia para entender en violaciones de derechos humanos, contrariamente a lo exigido por las obligaciones jurídicas internacionales asumidas por Colombia", advierte la misiva.
Esta Organización No Gubernamental (ONG) siempre ha manifestado su oposición a la reforma constitucional del Fuero Militar colombiano aprobado en el Congreso en diciembre de 2012 para ampliar la competencia de esa justicia especializada, que revisará las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado cometan en actos de servicio.
De este modo, la jurisdicción ordinaria se encargará de crímenes de lesa humanidad como genocidio, desaparición, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento.
El pasado 20 de junio quedó reglamentado este sistema a través de una ley estatutaria que ha suscitado las críticas de HRW y también de las Naciones Unidas, al considerar que quedan vacíos jurídicos que pueden llevar a que la Justicia militar atienda algunos crímenes de lesa humanidad.
Estas normas "generan un grave riesgo de que casos de asesinatos cometidos por militares, que se conocen como ''falsos positivos'' sean transferidos de los fiscales de la justicia penal ordinaria al sistema de justicia penal militar", denunció la carta de HRW.
Y argumentó que la ley estatutaria "no garantiza que los casi 4.000 casos de presuntos falsos positivos que la Fiscalía investiga en la actualidad como ''homicidio agravado'' u ''homicidio en persona protegida'' continúen a cargo de los fiscales de la Justicia ordinaria".
HRW explicó que la definición de "ejecución extrajudicial" que se reconoce como un caso de "falsos positivos" contempla sólo que a víctimas que no hayan tratado de escapar del agente del Estado y que éste la haya puesto en estado de indefensión, al tiempo que se acaba de incluir como un nuevo delito en el Código Penal.
Por lo tanto, los abogados podrían alegar que los hechos son anteriores a que fuera identificado el delito de "ejecución extrajudicial" y por lo tanto se trata de "homicidios agravados o en persona protegida" que corresponderían a la jurisdicción militar, y cabría un riesgo de impunidad, según la ONG.
