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La denuncia por la que habrían cancelado el programa de Pirry

La periodista Diana Salinas narró en La W la investigación que realizó contra el presidente del Senado, Mauricio Lizcano.

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Las razones por las que RCN habría cancelado el programa de Pirry

Por: Diana Salinas

Un permiso ambiental, fechado el 30 de junio del año pasado, que circula de manera pública en internet y cuyo fin es el funcionamiento de una Estación de Servicio de Terpel, fue el indicio que llevó al caso Guamerú.

El permiso está otorgado a Oscar Mauricio Lizcano y a Oscar Tulio Lizcano, padre e hijo. Pero más aún, entregado al actual Presidente del Congreso de la República y a quien es recordado en el país por haberse fugado tras 8 años de secuestro de las Farc.

La historia del predio, Guamerú, que lleva el mismo nombre del proyecto de la bomba de gasolina, tiene una impactante historia de desaparición forzada y de despojo, cuyos dueños actuales también son los Lizcano.

Capítulo 1: Un predio en Restitución de Tierras

Guamerú está bajo la jurisdicción de Quinchía, Risaralda. El lote en cuestión es la porción más grande de tierra y tiene 51 hectáreas.

Hay otros dos lotes en la vereda colindante, llamada El Callao, que también tiene las mismas características y que fueron compradas -dentro del mismo paquete- por los Lizcano, en 2012.

Se trata de unas 56 hectáreas con 13 mil metros cuadrados, aproximadamente.

Lo primero que advierten las tres matrículas inmobiliarias del terreno Guamerú es que están marcados, al menos, con unas cuatro anotaciones singulares. Éstas dan entender que alguien las está reclamando desde 2014.

La manera cómo los Lizcano las adquirieron es particular. Y para dar con los detalles es necesario contar la historia de la desaparición forzada y el despojo.

Los anteriores dueños de esa finca eran una pareja de casados, Don Juan Fernando Acosta y doña Blanca Ofelia Correa; él oriundo de Medellín y ella de Itagüí. Habían adquirido el terreno en 1995.

La historia de su desaparición es de público conocimiento en Irrá- Quinchía. Las personas que trabajaron con ellos son vecinos de esas tierras y cuentan lo que pasó:

En efecto, dichas versiones coinciden con las versiones que están consignadas en documentos de la Unidad de Restitución de Tierras.

Los familiares de Doña Blanca Ofelia, quienes iniciaron uno de los procesos de reclamación, cuentan la historia de violencia, narrada por Maria Victoria Betancur, una de las sobrinas de la familia.

En documentos, Guamerú era de doña Blanca Ofelia y según consta fue adquirida mediante hipoteca, en 1995, con una empresa llamada M H Pineda. Empresa que según el documento de Restitución, presentó una demanda ejecutiva cuando tan solo había transcurrido un mes de la desaparición de la pareja. 

Para 2001, M H Pineda volvió a adquirir los predios mediante adjudicación de remate. La pareja Acosta Correa nunca tuvo oportunidad de defender sus tierras porque obviamente estaban desaparecidos.

En documentos, la hipoteca dice haber sido por 100 millones de pesos.

Aun así y de acuerdo con Beltrán y con la Unidad de Restitución de tierras el despojo se constituyó con el remate, pues los Acosta Correa no tuvieron oportunidad de defenderse.

Total, tras el inminente remate, los primeros compradores del terreno fueron los Lizcano. La compra se hizo en 2012 cuando Mauricio Lizcano ya era Honorable Senador de la República.

Entonces, ¿cómo es que el presidente del Congreso de la república compró unas tierras, cuyos dueños habían sido desaparecidos?

La familia Lizcano – al parecer- sí tuvo conocimiento de esta historia. Pues así quedó consignado en un documento oficial. Dijo en diligencia de entrevista ante la Unidad de Restitución que había tenido conocimiento que la pareja estaba desaparecida y que el predio había sido objeto de remate y que uno de los lotes estuvo en arriendo a través de M H Pineda.

¿Y por qué ella actuó en ese proceso si las tierras son de su hijo Mauricio Lizcano?

Porque actuó en la compraventa de esos predios en representación de su hijo. 

Además de todo lo anterior, lo particular de la compra es que los Lizcano pagaron 306 millones de pesos por los tres predios.

En resumen, el Honorable Presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, compró siendo tan solo Senador de la República y tras un remate, unos predios cuyos dueños fueron desaparecidos, una historia de violencia que fue de público conocimiento en Irrá, Quinchía. Con el agravante que lo hipotecó con la misma empresa que había rematado los bienes de los dueños desaparecidos. Lo que para la Unidad de Restitución de Tierras, dicho remate, constituyó el despojo.

Capítulo 2: La Gasolinera

Para que se hagan una idea, Guamerú queda ubicado en un sitio que le llama el Triángulo de Oro, porque lo atraviesa la vía Panamericana que conecta con Medellín, Manizales y Bogotá.

El punto como tal tiene tradición minera informal de oro. Literal, es oro puro. La finca Guamerú da, por un costado, al río Cauca y por el otro directamente a la carretera Panamericana  que pronto será una autopista, cuya concesión se llama Pacífico 3.

Pero volvamos al 2013. Todo parece indicar, por los documentos, que un año después de la compra de los terrenos, el Senador Mauricio Lizcano y su padre, Oscar Tulio Lizcano, emprendieron un proyecto de una Estación de Servicio de Gasolina en el predio Guamerú.

Aquí es donde realmente se empiezan a enredar los negocios de Mauricio Lizcano. Porque los congresistas están inhabilitados para tener negocios con el mismo Estado. Y por tramitar permisos para una estación de gasolina podría estar incurriendo en una falta disciplinaria, que lo podría llevar a la destitución del cargo, y, eventualmente, en conductas penales, por presuntas celebración indebida de contratos y tráfico de influencias.

El director de Invías, Carlos Alberto García Montes, a quien había entrevistado para la investigación con Pirry y dio la entrevista sin mayor problema, esta vez no respondió mis mensajes.

En aquella ocasión, el señor García Montes explicó que ese trámite iniciaba en la alcaldía y luego se remitía a la respectiva territorial de Invías. En este caso, la de Caldas.

Invías, por su parte, otorga permiso para la construcción de los carriles de aceleración y desaceleración de la Estación de Gasolina contigua a la carretera.

Le había preguntado, en esa ocasión al Director de Invías  si Lizcano, siendo Senador, podía iniciar un trámite de Estación de Gasolina ante una entidad pública y esto fue lo que dijo (me toca citarlo, porque no tengo la grabación).

“Pues la verdad no sé, nosotros cuando tenemos la solicitud pues la hacemos a nombre de la persona que aparece en el folio de matrícula independiente de su condición. Lo que yo sí puedo comentar aquí, fue que el trámite se inició en junio de 2014 y que la vía (es decir la panamericana) pasó a manos de la Agencia Nacional de Infraestructra en noviembre de 2014”.

Esa última fecha es particular porque en ese mismo mes, noviembre de 2014, aparecen las primeras huellas de restitución de tierras en los documentos del predio del Lizcano.

Una vez todo el proceso fue trasladado para la ANI, el silencio de los Lizcano fue total en los trámites. También de la ANI.

Hasta que, acabándose el 2015, Los Lizcano obtienen la certificación de uso del suelo, por parte de la alcaldía de Quinchía.

Mientras tanto, la particular actuación de Mauricio Lizcano continuó dejando huellas.

En este caso con los permisos ambientales. El permiso, que tendría carácter de licencia ambiental, se los otorgó a los dos, Mauricio Lizcano y Oscar Tulio Lizcano  la Corporación Autónoma de Risaralda, CARDER.

Llama la atención porque está otorgado directamente a Mauricio Lizcano y a Oscar Tulio Lizcano. Tan es así que en el  documento aparecen sus números de cédula. Sin equívocos.

En cuestión de días, el permiso aprueba todo lo que se requiere en materia ambiental para la estación de servicio de gasolina Terpel, Guamerú.

Lo más curioso de esos permisos es que la actividad económica reportada de los Lizcano consiste en ser Distribuidores Minoristas de Combustibles.

Todo el trámite ambiental queda resuelto el 30 de junio del año pasado. Aunque aún no estaba posesionado, ya se sabía que el siguiente presidente del congreso sería él mismo Lizcano. Cargo que empezó a ocupar un mes después, en julio.

Lo que reviste más gravedad es que hasta el pasado 20 de enero de este año, el presidente del Congreso y su padre continuaron con el lleno de los requisitos hasta lograr la presunta totalidad de los documentos.

Llama la atención por qué la ANI no advirtió públicamente ningún conflicto de interés y trasladó la solicitud de los Lizcano al concesionario de la Autopista, al consorcio Pacífico 3.

La ANI tampoco advirtió que el terreno Guamerú cuenta con medida cautelar por parte de un juzgado en restitución de tierras.

Las preguntas quedaron en el aire porque nadie de esa entidad se quiso hacer cargo del tema.

Por su parte, el trámite de restitución de la familia Correa ya se encuentra en el juzgado primero de Restitución de Tierras de Pereira, quién sabe hasta cuándo.

Tras recabar el caso Guamerú y el caso de la Gasolinera, a esta investigadora le queda claro que la persona tras los negocios del presidente del Congreso es su padre, el señor Oscar Tulio Lizcano, al menos así es en el caso Guamerú.

Es quien ha firmado casi todo. Pero en los dos documentos más importantes, el nombre y cédula del Presidente del Congreso quedó consignado.

¿Quién es Oscar Tulio Lizcano? A este punto es la pregunta es obvia. Aunque también es la pregunta obligada en esta investigación.

Del padre del Honorable Presidente de la República se sabe que fue docente universitario y que fue secuestrado en el 2000, cuando fungía como Representante a la Cámara.

También fue de público conocimiento, que dicho secuestro duro 8 años y que regresó a la libertad a los 62 años.

Pero poco se sabe de su prosperidad tras el secuestro. Según matrículas mercantiles, cuyo origen es su propia cédula y nombre, Lizcano  muy rápido, en menos de un año, abrió 9 almacenes de motos. Todas en la conflictiva zona de Urabá. En Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Arboletes.

Sus negocios de motos, según consta, maneja activos por casi mil millones de pesos.

También tiene terrenos cafeteros por Supía, además de los terrenos que sumó en Irrá Quinchía, del caso Guamerú, locales comerciales en Almacentro, Medellín. Dos lujosos apartamentos en zonas exclusivas de esa misma ciudad.

Pero lo de Urabá es impactante. Tiene 4 apartamentos, tres locales comerciales – todo esto aparte de lo anterior - . Incluso propiedades con tradición de vivienda de interés social.

Es, también, Representante Legal de una empresa llamada Motos del Ruíz, que dicho sea de paso contrató en dos con la alcaldía de Samaná, Caldas, en las que suministró motos.

Fuentes consultadas

- Familia de Blanca Ofelia Correa

- Sobrina apoderada del caso Guamerú en Restitución de tierras, María Victoria Betancur Correa

- Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez

- Unidad de Restitución de Tierras (no se pronunció)

- Ex presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán

- José Roberto Acosta, Economista, Justicia Tributaria

- Agencia Nacional de la Infraestructura (No se pronunció)

- Director de Invías, Carlos García

- Director de la Corporación Auntónoma de Risaralda, CARDER

- Vecinos y trabajadores de los ex dueños de la finca Guamerú

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