Corrupción en Guatemala incrementa los riesgos que corren defensores de DDHH

Por: Susana Noguera Montoya.

El anuncio unilateral del gobierno de Jimmy Morales que buscaba ponerle fin a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) encendió alertas internacionales ya que se trata de otra “erosión democrática” en Centroamérica, una región ya convulsionada por crisis socio-políticas.

Así lo calificó Marcela Martino, subdirectora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). En entrevista con la Agencia Anadolu, la experta explicó que esta decisión no solo afecta la institucionalidad del país, sino que ponen en serio riesgo a los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Martino aseguró que se ha encontrado una relación directa entre la corrupción y los ataques hacia defensores de derechos humanos. Añade que la comunidad internacional debe plantear medidas diplomáticas contundentes para evitar el agravamiento de la crisis en Guatemala. 

¿Cuál es el ambiente que se vive en Guatemala luego de la salida de la Cicig?

Para poder analizar la reacción y las consecuencias de la última decisión del presidente Morales creo que hay que retroceder a la serie de acciones que desde agosto de 2017 el Ejecutivo guatemalteco ha venido tomando para tratar de obstaculizar la lucha contra la corrupción y los casos en los que directamente el partido de gobierno, el presidente y su familia han estado involucrados. 

Entre las medidas está la declaratoria de persona non grata al comisionado Iván Velásquez, cabeza del Cicig; así como la expulsión de un embajador que ha apoyado decididamente la lucha contra la corrupción y la negación y la revocación de visas para el personal internacional de la Cicig.

¿Cuál ha sido la reacción ciudadana ante estas decisiones?

La reacción de la población en general es de enorme preocupación de lo que esto puede significar, pero también de resistencia y de respuesta cívica frente a estos hechos.

La Cicig no fue producto de la simple voluntad del Gobierno guatemalteco. Surgió luego de un proceso de análisis e incidencia importante de líderes sociales y del pueblo guatemalteco. 

Juntos lograron establecer un mecanismo que pudiera ayudar a destrabar los enormes obstáculos que tenía el Estado para luchar contra la corrupción. Todas esas personas hoy están en la mira. 

¿Se han registrado represalias contra líderes sociales y defensores de derechos humanos?

Datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala han podido demostrar un correlato entre la lucha efectiva contra la corrupción y la disminución de las agresiones a los líderes sociales. 

Desde el año pasado podemos ver un nuevo repunte a las agresiones hacia líderes sociales y a las personas que se han opuesto a las medias tomadas por el poder ejecutivo. Eso es un presagio de que estos problemas no solo ponen en riesgo la institucionalidad, sino que ponen a las personas en peligro.

La Corte de Constitucionalidad fue uno de los organismos que se opuso a la decisión de Jimmy Morales y aprobó amparos para detenerla. Luego se reportaron represalias contra sus magistrados. ¿Cómo se ha visto este problema?

Una y otra vez la Corte de Constitucionalidad ha otorgado amparos que buscan que Guatemala cumpla con sus obligaciones internacionales y los compromisos que el país adoptó al firmar con la ONU el convenio de instalación de la Cicig. Esto ha hecho que los magistrados se conviertan en el blanco directo de campañas de difamación y otras acciones que buscan levantarles su inmunidad para retirarlos del cargo.

La más reciente, que finalmente prosperó, fue una solicitud de antejuicio aprobada por la mayoría de la Corte Suprema de Justicia. Esto pasaría al Congreso donde existe un grupo importante de legisladores que, en alianza con el Ejecutivo, han venido llevando adelante estas acciones. 

¿Qué están en riesgo si la solicitud de antejuicio prospera?

Estas personas están en un altísimo riesgo no solo de ser removidas de sus cargos de manera arbitraria, sino de sufrir consecuencias contra su integridad y vida. Ha habido mensajes de hostigamiento y ataques contra estos magistrados. Se han publicado en redes sociales fotos de sus caras y sus números telefónicos. 

El pasado miércoles aparecieron en la capital unas mantas donde se les llamaba traidores a la patria por haber amparado provisionalmente a la Cicig.

Es muy grave lo que está sucediendo y esto podría desencadenar en una crisis aún más profunda, además en un año electoral. 

Otro funcionario que ha jugado de un papel muy importante es el procurador para los Derechos Humanos que ha sido uno de los que ha interpuesto recursos y ha logrado frenar las consecuencias de algunas de estas medidas que pretenden obstaculizar la lucha contra la corrupción. Él también está en riesgo.

¿Qué puede hacer la comunidad internacional para ayudar a resolver el problema?

Lo primero es reconocer lo que está en juego. El Estado guatemalteco ha logrado, con muchas dificultades y a un gran costo social, ir avanzando en la lucha contra la corrupción. 

La Cicig es un esfuerzo inédito en el mundo y ha demostrado no solo la necesidad de su existencia sino también resultados vitales para desenmascarar algunos de los grupos de poder que han cooptado la institucionalidad del país. Sirve como referente de la lucha anticorrupción en un continente que desafortunadamente está plagado de casos de intereses particulares puestos por encima del interés general de la población. 

Está en juego no solo la institucionalidad guatemalteca sino la posibilidad de que, como estamos viendo en Nicaragua, haya otra crisis de dimensiones enormes en la región. 

Pero a veces los pronunciamientos de la comunidad internacional parecen tener poco efecto real. ¿Qué medidas concretas se pueden tomar?

Creo que la comunidad internacional tiene que ser contundente en exigir a Guatemala y al órgano ejecutivo que respete los compromisos internacionales, el derecho internacional y el acuerdo de la Cicig, un compromiso que Guatemala asumió de manera soberana. Por esa vía es que cualquier conflicto se debe resolver. 

Estamos a las puertas de una crisis que puede generar un éxodo en Centroamérica. Caravanas de migrantes pueden ser sin duda unas de las consecuencias de la erosión del Estado de Derecho en Guatemala. Eso es lo que la comunidad internacional debe tener en mente a la hora de discutir y plantear medidas diplomáticas contundentes para evitar que la erosión continúe.