Internacional

Un muerto y un policía herido en un enfrentamiento en el norte de Nicaragua

La víctima fue identificada como Luis Alberto Morales Castro, quien, según la Policía, se dedicaba al cultivo, traslado y comercialización de marihuana.

Un campesino nicaragüense con presuntos antecedentes por narcotráfico murió este sábado 27 de julio en un enfrentamiento con agentes de la Policía de Nicaragua en el norte del país, mientras que un oficial resultó herido, informó la fuerza del orden público.

La víctima fue identificada como Luis Alberto Morales Castro, quien, según la Policía, se dedicaba al cultivo, traslado y comercialización de marihuana, robo de ganado y hacía uso ilegal de armas de fuego.

Morales Castro se encontraba en una finca junto a su hermano Santos Harvin Morales Castro (dueño de la propiedad) y Teodoro Ramón Flores Martínez cuando se enfrentó con policías que realizaban labores de vigilancia en la comunidad El Triunfo, municipio de Wiwilí, departamento de Jinotega, según la Policía.

El oficial herido de bala en la pierna derecha fue identificado como Juan José Velásquez Monzón y está fuera de peligro, añadió la fuente.

Según la versión policial, el enfrentamiento ocurrió cuando una patrulla que realizaba sus labores de vigilancia en esa zona y fue atacada a tiros por las tres personas.

"Miembros de la patrulla policial respondieron a la agresión armada utilizando sus armas de reglamento, falleciendo el delincuente Luis Alberto Morales Castro", señaló la institución.

Las autoridades detuvieron a las otras dos personas, que también se dedicaban al cultivo, traslado y comercialización de marihuana y robo de ganado según la Policía, que decomisó 595 plantas de marihuana, un saco con 3,5 kilos de marihuana, un fusil y cuatro machetes.

Nicaragua, antes de la crisis en la que se encuentra inmersa desde abril de 2018, era considerada uno de los países más seguros de Latinoamérica.

Desde abril de 2018 vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200