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“Alcalde encargado de El Charco no renunció a su esquema de seguridad”: gobernador de Nariño

El gobernador John Rojas se refirió en La W a la información de la Fuerza Naval del Pacífico sobre el secuestro del alcalde encargado del municipio de El Charco, Jesús David Urueña Moreno.

Investigan secuestro de alcalde encargado de El Charco, Nariño

Investigan secuestro de alcalde encargado de El Charco, Nariño

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El alcalde encargado de El Charco, Nariño, Jesús David Ureña. Gobernación de Nariño.

Cauca

La Armada Nacional anunció que Jesús David Ureña, alcalde encargado del municipio de El Charco (Nariño), habría sido secuestrado por grupos armados ilegales.

Las autoridades informaron que el secuestro se produjo cuando el alcalde (e) Ureña se desplazaba en una embarcación por el sector de Guapi, en el Cauca. Posteriormente, fue interceptado y raptado por hombres armados.

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En diálogo con La W, John Rojas, gobernador del departamento de Nariño, reiteró que se exige respeto por la vida e integridad del alcalde (e), así como se espera su retorno inmediato sano y salvo.

Están por establecerse los móviles de este hecho repudiable en el departamento de Nariño que tiene a las autoridades –Policía, Ejército, Fiscalía– realizando las investigaciones debidas para establecer las razones de este secuestro (…) están realizando operativos para el rescate del alcalde”, expresó Rojas en La W.

El gobernador agregó: “Pedimos a estos grupos al margen de la ley el respeto de la vida y que lo liberen para que pueda regresar a sus actividades normales y a su familia”.

Por otra parte, sobre si el alcalde (e) habría renunciado a su esquema de seguridad, el gobernador Rojas explicó que, según el comandante de la Policía de Nariño, Ureña había salido a hacer diligencias a Bogotá en los últimos días: “En ese viaje no necesitan el esquema de seguridad, pero, al volver, nuevamente recibió el apoyo de la persona que asignó la Policía para su protección”.

Finalmente, desde la Armada Nacional se ha informado que se está ofreciendo una recompensa de hasta $50 millones por información que permita conocer el paradero del funcionario, así como identificar a los responsables de su secuestro.

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