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Condenan a la Nación por masacre y desplazamiento de habitantes de La Granja

El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por el desplazamiento forzado y la masacre que sufrieron los habitantes del corregimiento de La Granja, de Ituango Antioquia.

Masacre imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Madiha Ali

La decisión la tomó el alto tribunal luego de que el 14 de noviembre de 2014, Lorena María Villa García en representación del grupo conformado por las “víctimas de desplazamiento forzado de la masacre de La Granja – Ituango, ocurrida en el mes de junio de 1996″, solicitó una indemnización de parte de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial para la Atención de Víctimas, por esta masacre de La Granja.

Además, pidió declarar administrativamente responsable a la Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional y Ministerio de Relaciones Exteriores por el incumplimiento de la medida de reparación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas de desplazamiento forzado al que se vieron sometidos los habitantes de La Granja - Ituango, por no haber garantizado las condiciones de retorno (seguridad, proyectos productivos, estabilización socioeconómica, etc.) para los habitantes de La Granja por los hechos ocurridos en 1996.

El Consejo de Estado estudió el caso y decidió confirmar la decisión de negar las demás pretensiones de la demanda porque señaló que la acción de grupo no es idónea para solicitar el cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte IDH, “pues según el artículo 69 del reglamento de la Corte IDH, dicho tribunal tiene la competencia para la supervisión de sus sentencias y está facultado para emitir las <<resoluciones que estime pertinentes>>”, dice el fallo.

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Adicionalmente, no se acreditó ningún perjuicio derivado del presunto incumplimiento de la sentencia de la Corte IDH o de los planes de restablecimiento económico.

Sin embargo, decidió declarar patrimonialmente responsable a la Nación de los daños causados por la omisión o falta de responsabilidad de las fuerzas militares por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas, en hechos sucedidos en el corregimiento La Granja del municipio de Ituango en el mes de junio de 1996.