Presunto jefe del carrusel de los blindados señala a la fiscal que lo investiga

Esta historia tiene un origen que francamente no me gusta. El documento base fue publicado inicialmente por El Expediente, un portal de una persona en la que no creo. Y no creo porque es un impune maltratador de mujeres, un neonazi y un mentiroso. Sin embargo, el papel del que vamos a hablar lo publicó él y así lo reconozco.

Se trata de una declaración de Martín Manjarrés, presunto jefe del llamado carrusel de los carros blindados, una organización que supuestamente pagaba sobornos a miembros de la Policía y a funcionarios civiles para quedarse con licitaciones para venta, alquiler y mantenimiento de vehículos. Contratos que le costaron alrededor de 50.000 millones de pesos a los contribuyentes.

Martín Manjarrés y su mano derecha, Yonn Jairo García, firmaron con la fiscal Angélica Monsalve la intención de acogerse a un principio de oportunidad. Ofrecen declarar contra varios generales, entre ellos el exdirector de la Policía Rodolfo Palomino, así como funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, UNP; y de la propia Fiscalía.

Poco después de haber firmado ese documento, Manjarrés declaró ante otra dependencia de la Fiscalía que fue presionado por la fiscal Monsalve para acogerse a ese principio de oportunidad y para declarar contra uniformados, funcionarios, concesionarios y brindadores de carros.

Aseguró que durante la diligencia “le manifesté a la fiscal que no inventaría mentiras en contra de ellos y que no me prestaría para armar ningún proceso en contra de ellos”.

Pues bien, el señor Manjarrés ha tenido tres reuniones con la fiscal Angélica Monsalve y las tres fueron grabadas.

En la primera, el señor Manjarrés llegó sin abogado. La grabación de esa reunión muestra una situación aparentemente contraria a la descrita por el imputado Manjarrés.

La fiscal Monsalve le dice que por garantías legales no puede adelantarse la diligencia sin su apoderado y además le señala que si quiere puede no acogerse al principio de oportunidad.

Cuando la propia fiscal pregunta si lo ha coaccionado se oye la voz de Martín Manjarrés respondiendo “No”:

La siguiente reunión también fue grabada. Esta vez estaba presente el abogado del señor Manjarrés, el doctor José Ricardo González Esguerra, exvicefiscal general de la nación.

Esa reunión tuvo lugar en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, en el antiguo edificio del DAS.

El proceso por el carrusel de los carros blindados viene desde el año 2014 y desde esa época hay interceptaciones telefónicas que muestran conversaciones que implican a una serie de personas en el presunto ilícito. La fiscal empezó a leerle nombre por nombre y cuando llegó al del general Palomino y a su esposa Eva, esta fue la reacción de Manjarrés:

La verdad, no se oye tan presionado. Hubo una tercera reunión antes de firmar la solicitud del principio de oportunidad. Esta vez fue en el despacho de la fiscal Monsalve. El señor Manjarrés le reconoce a la fiscal que las interceptaciones reconstruyen una parte de la historia y plantea la colaboración diciendo que él tiene la parte que falta:

Ayer me crucé unos mensajes de texto con el señor Manjarrés, quien me dijo que estaba en medio de un procedimiento médico, pero que amablemente me atendería al final del día a través de una videoconferencia para asegurarse que realmente fuera yo.

Terminando la tarde me informó que lamentablemente seguía un poco enfermo y que no podría atenderme.

Con quien sí pude hablar fue con el abogado de Martín Manjarrés, el exvicefiscal general José Ricardo González. Le pregunté si había sentido que la fiscal Monsalve había presionado a su defendido. Su respuesta fue la siguiente: “si mi cliente se sintió presionado o forzado pudo ser en su ánimo o emotividad. Desde el punto de vista estrictamente legal no vi presión. Ni tuve razones para expresar protesta. No dejé constancia, ni objeción. Si hubiera visto otra cosa mi deber era hacerlo”

Dijo además que, caído el principio de oportunidad, siente que puede sacar avante en un juicio a su poderdante.

El señor Manjarrés afirmó también que su esposa Marcela Montés iba a ser defendida por un antiguo compañero de estudios de la fiscal Angélica Monsalve que para ello le pidió 600 o 700 millones de pesos, no precisó la cifra. Se trata del abogado Mauricio Dueñas de quien afirmó: “Yo tuve alrededor de unas cuatro reuniones con él donde no fue directo, pero me insinuó que la gran mayoría del dinero iría en dirección a la fiscal Angélica Monsalve”.

Hablé con el abogado Dueñas y negó lo sugerido por Manjarrés. Dice que, por el contrario, se retiró cuando empezó a sentir que Marcela y su esposo Martín Manajarrés esperaban que actuara como relacionista y no como abogado.

Señaló que ellos lo buscaron a él, y no al revés. Que son vecinos y que lo invitaron a un asado para hacerle la propuesta. Que los Manjarrés le dieron un adelanto de 100 millones de pesos que le llevaron en efectivo a su apartamento, dice también que él declaró ese pago a la DIAN y que le devolvió 50 millones por transferencia bancaria a la esposa de Manjarrés cuando desistió de la defensa.

El abogado Dueñas relata que fue al despacho de la fiscal Monsalve y que no le dieron acceso al expediente porque no tenía poder firmado.

La cosa no para ahí. Uno de los aspectos del carrusel de los blindados tiene que ver con presunta corrupción en la Unidad Nacional de Protección, UNP. El testigo más importante de estos hechos es Manuel Castañeda, el expolicía que fue capturado transportando 168 paquetes de cocaína en un carro blindado de la UNP.

Castañeda, a quienes algunos llaman el “narcochofer”, asegura que fue visitado informalmente por dos fiscales. Uno de ellos, según él, enviado personal del fiscal general Francisco Barbosa. Lo que querían pedirle es que no hablara con la fiscal Angélica Monsalve que investiga el carrusel de los blindados

Esto es bastante raro. Dos fiscales yendo a visitar a un testigo para pedirle que no hable con otra fiscal.

Evidentemente hay pruebas de ingreso simultáneo de dos fiscales al batallón de comunicaciones del Ejército en Facatativá, lugar de reclusión del testigo. Se llaman Magda Antury Meneses, fiscal delegada ante los jueces del circuito especializados, y Fabio Armando Pérez Quiroz, fiscal delegado ante los jueces del circuito.