Hay una <b>nueva revelación en el escándalo de los carros blindados</b>. Se trata de un proceso distinto al del <b>carrusel de la contratación </b>en el que la Fiscalía tiene un proyecto de <b>principio de oportunidad de dos implicados </b>que ofrecen delatar a los altos oficiales de la policía, funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a las <b>contrataciones irregulares</b> y multimillonarias. Ese principio de oportunidad está frenado en el <b>despacho del fiscal Francisco Barbosa.</b>El caso, del que les hablaré hoy, <b>empezó durante el gobierno de Iván Duque</b>. Una empresa le alquiló a la <b>Unidad Nacional de Protección, UNP</b>, vehículos maquillados como blindados pero que en realidad no cumplían las características técnicas para <b>proteger la vida de las personas a las que estaban asignados.</b>La empresa que le metió gato por <b>liebre al gobierno se llama Neostar Seguridad de Colombia Limitada </b>y su cabeza visible es el empresario Alan Perlman. Para el momento en el que empezaron las denuncias la empresa del señor Perlman había celebrado 8 contratos de alquiler de<b> vehículos blindados.</b>El caso se empezó a descubrir porque dos personas bajo protección se dieron cuenta de que los<b> carros que les había asignado la UNP no eran realmente blindados.</b>El primero de ellos, en 2019, fue un primo del <b>expresidente Álvaro Uribe</b> y el segundo fue el entonces consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín Cotrino. El peso de los carros y unas características del tanque de gasolina fueron las claves para que los protegidos se dieran cuenta del engaño.Guarín descubrió la<b> irregularidad en 2020</b> y de inmediato le envió una comunicación al entonces <b>director de protección encargado, Daniel Palacio,</b> quien llegó a ser ministro del interior. La carta, cuya copia tengo, asegura:“La<b> camioneta asignada para mi protección por la UNP</b> no cuenta con blindaje total. Exclusivamente los vidrios tienen blindaje”.Cuando el caso llegó a la <b>Fiscalía se encontraron con que uno de los falsos vehículos </b>blindados estaba asignado a <b>Piedad Córdoba</b> y otros a defensores de derechos humanos.Como ustedes verán el fraude que pone en peligro la vida de <b>personas amenazadas no tenía color político</b>. Los carros estuvieron <b>asignados a un familiar del expresidente Uribe</b>, al consejero de seguridad nacional de Iván Duque, y también a Piedad Córdoba y a<b> defensores de derechos humanos.</b>La <b>Fiscalía empezó en 2019</b> a tramitar una denuncia por estos hechos, interpuesta por la abogada <b>Nataly Hernández a nombre de la UNP.</b>Aunque las<b> señales externas indicaban</b> que las camionetas no cumplían las características de seguridad era necesario demostrarlo técnicamente a través de un análisis balístico a los componentes <b>susceptibles de blindaje. Eso exigía desarmar los vehículos.</b>El tema es <b>técnicamente complicado porque existen pocas empresas blindadoras en Colombia </b>con la capacidad de desmontar una camioneta para demostrar si realmente es a prueba de balas.Así es que la Fiscalía acudió ante la propia empresa Neostar, del señor Víctor Perlman, que además de <b>alquilar los vehículos los blindaba.</b>Así quedó <b>documentado en video, el engaño.</b>Además el blindaje de varias de esas camionetas no había sido previamente autorizado por la<b> Superintendencia de Vigilancia y Seguridad,</b> lo cual constituía una irregularidad adicional.La <b>Fiscalía</b> incautó seis de esas <b>camionetas por un tiempo pero decenas de ellas siguen en la UNP</b>, en teoría protegiendo la vida de personas amenazadas. Uno de los peritos investigadores asegura en un documento que los pretendidos blindados tienen la <b>misma seguridad de un carrito Spark</b>. No resistirían un ataque a bala.Se supone que los <b>vehículos requeridos por la UNP son mínimo nivel 3NU </b>y de acuerdo con la norma técnica deben soportar disparos repetidos de <b>pistola 9 milímetros, calibre 756.</b>Los superiores de nivel<b> 4 deben incluso resistir ataques con explosivos.</b>Pero todo era mentira. Los carros no están realmente blindados.El caso <b>fue asignado al fiscal ante el CTI,</b> Mario Barahona, el tiempo pasa y no sucede nada. Los investigadores piensan que en los próximos meses será archivado y <b>quedará en la impunidad total.</b>Para terminar dos curiosidades: El señor <b>Alan Perlman</b>, dueño de la empresa involucrada, aparece en el listado de personas presuntamente implicadas en el carrusel de la contratación de los blindados. Los e<b>ventuales declarantes lo mencionan en el proyecto de principio de oportunidad.</b>Una segunda curiosidad: En este momento está abierto un <b>proceso en la UNP para alquilar más camionetas blindadas</b> y la empresa del señor Perlman está participando sin ningún problema.Algo más, el abogado que <b>representa esa compañía envío una comunicación a la UNP</b> pidiendo que estuvieran muy pendientes porque de pronto uno de los competidores tratará de hacer pasar carros sin <b>blindar por blindados</b>. Cinismo a prueba de balas.