PGN alertó por alimentación de PPL como respuesta a la USPEC por finalización de contratos

En días pasados, se encendieron las alarmas en los entes territoriales después de que la Procuraduría General de la Nación emitierauna alerta respecto a la escasez de comida para las personas privadas de la libertad (PPL) en centros transitorios, estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata, URI.

Según la circular 001 del ente de control, se señala que a partir del próximo 31 de julio se acaba la comida para quienes se encuentran en estos centros de detención.

Es preciso recordar que una sentencia de la Corte Constitucional declaró y extendió el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en los centros transitorios por la vulneración masiva de derechos humanos de las personas privadas de la libertad. De esta forma, el SU -122 de 2022 le asignó a las alcaldías y gobernaciones del país la responsabilidad de la alimentación únicamente para quienes se encuentran en los centros transitorios.

Por ese motivo, la Procuraduría le hizo un requerimiento a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), entidad encargada de administrar el presupuesto para la comida de las personas privadas de la libertad en todo el país, para conocer el presupuesto con el que cuenta la entidad y la fecha del contrato de alimentación.

En la respuesta a este requerimiento, emitida el pasado 26 de abril de 2023, la USPEC dice que los contratos de alimentación vencen este mes de julio. El documento, firmado por el director encargado de la entidad, Ludwing Joel Valero, dice lo siguiente:

• “31 de julio de 2023, en aquellos eventos en los cuales en virtud de orden judicial se conminó a la entidad a lo pertinente; ello, por cuanto para la fecha anteriormente mencionada se terminan los contratos de la vigencia 2022 y para la vigencia presupuestal 2023 no está contemplada dicha prestación del mencionado servicio, dando cumplimiento de este modo a lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia de Unificación SU-122 de 2022″.

A raíz de esta respuesta, la Procuraduría respondió, por medio de una circular pública, que se acabará la comida para los privados de libertad en los centros transitorios a partir de dicha fecha, la cual fue emitida el 20 de julio.

En diálogo con La W, Javier Sarmiento, procurador delegado para los Derechos Humanos, recordó que la alerta se emitió como respuesta a lo establecido por la USPEC: “Con el fin de tener información de si se iba a suspender el suministro de comida por parte de esa entidad, dos días después nos responden que sólo suministrarán la alimentación hasta el 31 de julio de 2023. Es por eso que la Procuraduría genera esta alerta a alcaldías y gobernaciones”.

A su turno, la directora ejecutiva de Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), Luz Maria Zapata, respondió: “A las PPL, tanto condenados como sindicados, tenemos que alimentarlas y la USPEC tiene los recursos para alimentar a los 125.000 presos que hay en Colombia”, dijo Zapata.

Acerca del presupuesto, la Procuraduría señaló que la alerta también surge por unas mesas de trabajo realizadas en Valledupar, Bucaramanga y otras ciudades.

“Ha informado la USPEC que, como fundamento de esa Ley 65, son competentes los alcaldes y gobernadores. Cuentan con un concepto de alimentación y suministro a sindicados a privados en policía y URI, atendiendo a diferentes fallos de tutela que se fueron expidiendo por jueces de la República que los obligaron a cumplir con esta responsabilidad”, señaló Sambrano.

Aún así, la directora ejecutiva de Asocapitales replicó que no estaba de acuerdo con la afirmación del procurador y citó varias sentencias, afirmando que la responsabilidad es de la USPEC: “Esa tutela en particular es para Bogotá y la USPEC tiene la obligación de alimentar a los PPL de Bogotá. Entonces, con todo el respeto, hay tutelas que se han fallado en las que dicen claramente que la USPEC es responsable, pero más allá de todo tenemos que avanzar a una solución”.