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Secretario general de canciller presentó su defensa ante Procuraduría por caso pasaportes

El abogado del canciller Álvaro Leyva sostuvo que la Procuraduría no tiene competencia para investigar un acto administrativo del canciller. Ahora, el secretario general presenta su defensa ante el Ministerio Público.

José Salazar y Álvaro Leyva. Foto: Cancillería

José Salazar y Álvaro Leyva. Foto: Cancillería

W Radio conoció los detalles de los alegatos del secretario general de la Cancillería, previo a la formulación de cargos dentro de la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría General de la Nación por haber suspendido en dos oportunidades el proceso licitatorio para la expedición de pasaportes, en el mismo proceso también se investiga al Ministro de Relaciones Exteriores por haber declarado desierta la licitación.

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Mientras que el abogado de Álvaro Leyva sostuvo que la Procuraduría no tiene competencia para investigar un acto administrativo del canciller, su secretario general, José Salazar, explicó ante el ente de control que la primera suspensión se dio para responder más de 100 observaciones técnicas y confidenciales formuladas por los interesados, y la segunda para garantizar la transparencia y el respeto a la Justicia en espera del resultado de una acción popular que a la postre fue rechazada por el Tribunal Administrativo.

Agregó Salazar que en ambos casos el proceso se reanudó tan pronto que cesaron las causas determinantes de la suspensión y que siempre se procedió con actos administrativos motivados, en el documento de cuatro páginas, se anexaron las pruebas de las copias.

Mientras el secretario general José Salazar afirma que en el trámite no se presentaron irregularidades y siempre tuvo el acompañamiento de los órganos de control, el canciller Álvaro Leyva sostiene que declaró desierta la licitación para garantizar el cumplimiento de requisitos contractuales que, al parecer, fueron omitidos para poder contar con más oferentes.

La Procuraduría decidirá si formula o nó cargos a uno o a ambos funcionarios con medidas que inclusive pueden consistir en la suspensión de los investigados.

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