Resolución contra financista de los Castaño revive caso del Parqueadero Padilla

Un documento de la Fiscalía que ha pasado desapercibido revive el caso del Parqueadero Padilla, central financiera del paramilitarismo, y vuelve a traer el nombre del expresidente Álvaro Uribe en el contexto de las masacres de El Aro y La Granja.

El documento, conocido por el Reporte, está firmado por un fiscal especializado de la Dirección contra la violación de los derechos humanos. La fecha de la expedición explica, en buena medida, que no haya tenido la atención que merece: fue expedido el pasado 15 de diciembre cuando arrancaban las festividades de navidad.

Se trata de la resolución de acusación contra Jacinto Alberto Toro Soto, alias Lucas, por su pertenencia a los paramilitares y su presunta participación en la ejecución de la masacre de La Granja.

Repasemos brevemente de que se trató esta masacre de La Granja, que es un corregimiento del municipio de Ituango.

El martes 11 de junio de 1996, incursionaron aproximadamente 30 paramilitares reunieron a la población, torturaron y asesinaron a varios pobladores frente a sus familias y a todo el pueblo acusando a las víctimas de ser auxiliadores de la guerrilla.

La masacre no solo ocasionó esas muertes sino el desplazamiento forzado de 700 personas, cuyas tierras quedaron en manos de paramilitares.

Un tiempo después el horror se repitió en El Aro donde otros 17 campesinos fueron asesinados y decenas de familias desplazadas

Pues bien, la financiación de estas y otras masacres salió de una central de pagos en Medellín de las llamadas autodefensas ese es el famoso Parqueadero Padilla.

En 1998 hombres del CTI de la Fiscalía, bajo el mando del hoy ministro de defensa Iván Velásquez allanaron un parqueadero de motos esperando encontrar la fábrica de uniformes camuflados de los paramilitares.

En el segundo piso estaban dos mujeres y un hombre, Jacinto Alberto Soto Toro conocido con el alias de Lucas. Ellos estaban destruyendo a toda carrera papeles, diskettes con información y evidencia del manejo financiero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Uraba, también listados de contactos de los grupos paramilitares con miembros de las fuerzas armadas y políticos.

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Encontraron casi 500 cuentas de banco y evidencias de 40.000 transacciones, así como un listado de empresas privadas que financiaban el paramilitarismo.

El hombre que trataba de destruir afanosamente las pruebas Jacinto Alberto Toro era, de acuerdo con el documento, el “comandante financiero” de las llamadas autodefensas.

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Durante los años que registraba la contabilidad de esos grupos criminales el gobernador de Antioquia era Álvaro Uribe. La resolución de acusación registra el testimonio del paramilitar Hebert Veloza, alias HH, que dice lo siguiente sobre Jacinto Alberto Toro, alias Lucas:

“Para el año de 1995 manejaba todas las relaciones en Medellín, él cargaba un beeper y decía que era el beeper y decía que era el beeper del gobernador y en ese momento era Álvaro Uribe. Alias Lucas era la persona que manejaba las relaciones con políticos, empresarios y fuerza pública, cuando ellos querían montar un grupo, él manejaba las finanzas de los Castaño en Medellín”.

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El mismo testimonio asegura que en una cafetería cercana a la Cuarta Brigada del Ejército, alias Lucas se reunía con Pedro Juan Moreno Villa, secretario de gobierno de la Gobernación de Antioquia.

La resolución de acusación contra Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir ordena tímidamente compulsar copias contra todos los mencionados y enviar el documentos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con destino al proceso “Caso Masacres de Ituango contra Colombia”.

El expediente contra el señor expresidente Álvaro Uribe por las llamadas masacres de Ituango fue trasladado de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía cuando renunció a su calidad de senador para no seguir siendo procesado por la Corte Suprema. Ha ganado polvo en el despacho de los fiscales/defensores Gabriel Ramon Jaimes y Javier Cárdenas sin que hayan efectuado una sola diligencia de investigación sobre el caso que, por ser de lesa humanidad, no prescribirá.