Defensoría denunció que hay ponencia que recorta aún más el presupuesto de la entidad para 2026

La defensora Iris Marín denuncia que hay una ponencia que recorta aún más el presupuesta de la Defensoría del Pueblo para 2026.

“La decisión que el Congreso se dispone a adoptar es, por lo menos, desconcertante: ¿Cuál es la prioridad que le da el Gobierno y el Congreso de la República a la labor independiente de promoción y defensa de los derechos humanos?“, escribió en su cuenta de X.

De este mismo modo, advirtió que de aprobarse el presupuesto como se propone, “la Defensoría tendrá en el año 2026 el 47,3% menos del presupuesto de inversión que tuvo en 2024″, lo que traería impactos en la misionalidad y en el despliegue del territorio.

Además, alertó que “con un recorte de $59.530 millones de pesos, la Defensoría tendrá 5% menos de presupuesto en el 2026 con respecto al año 2025. El recorte más fuerte es en el presupuesto de inversión: 30% menos en 2026, respecto del presupuesto de inversión de 2025″.

Y agregó: “Este recorte representa $151.222 millones de pesos menos de lo que la Defensoría del Pueblo había solicitado para garantizar adecuadamente su trabajo el próximo año. Esto es 11,2% menos del presupuesto solicitado por nuestra entidad”.

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Además, enfatizó en que justamente este recorte se está dando en el momento en el que los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y humanitarios vienen reduciendo su presencia en el territorio, y ahora, con este recorte de presupuesto, según la defensora, la presencia y acompañamiento humanitario seguirá disminuyendo en todo el país, incluyendo en las zonas más afectadas por la violencia, “en un año electoral, con serios riesgos para las poblaciones”.

Siendo así, enlistó las afectaciones que traería el recorte del presupuesto de la Defensoría para 2026:

• Afecta la capacidad de monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas.
• Implica el cierre de casas de los derechos en zonas en las que la población requiere acompañamiento, reducción de jornadas de atención en el territorio, menor capacidad para toma de declaraciones y atención a víctimas del conflicto armado, así como la disminución del número de defensores comunitarios y del seguimiento de la situación de lideres y defensores de derechos humanos, que el Acuerdo Final de Paz ordenó fortalecer.
• Limita nuestra capacidad de acompañamiento psicojurídico a las víctimas de la violencia de género.
• Supondrá la reducción de nuestra estrategia de seguimiento para la crisis del derecho a la salud.
• Limita las estrategias de prevención del reclutamiento y uso de niños niñas y adolescentes en el conflicto armado y la violencia organizada, así como el acompañamiento de las juventudes.
• Reduce nuestra capacidad de implementación del Acuerdo de Escazú
• Debilita el acompañamiento y atención a la población migrante y refugiada con necesidades de protección internacional
• Disminuye nuestro apoyo a la superación de la crisis del sistema penitenciario
• Reduce nuestro acompañamiento a comunidades afectadas por desastres y crisis ambiental
• Afecta la cobertura del servicio nacional de Defensa Pública, que hace parte del sistema integral de justicia.
• Impide desarrollar obras necesarias de infraestructura, relacionadas con sedes en condiciones de hacinamiento y ubicadas en zonas de riesgo.

Finalmente, la defensora hizo un llamado al Congreso para que evalúe seriamente la decisión que adoptará teniendo en cuenta dichas afectaciones.

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