Magistrado Ibáñez pide de nuevo pruebas para resolver recusación en trámite de la reforma pensional
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, además compulsó copias a la Procuraduría para que investigue falencias en el traslado de pruebas.
Magistrado Jorge Enrique Ibáñez.. Foto: Corte Constitucional
El presidente de la Corte Constitucional y ponente sobre la demanda que busca tumbar la reforma pensional, Jorge Enrique Ibáñez, le ordenó a Colpensiones que en un término máximo de 24 horas entregue los originales de los contratos y funciones que tuvo el magistrado Héctor Carvajal como asesor de Colpensiones.
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Lo anterior, dentro del trámite de recusación que se adelanta contra el magistrado Carvajal, el cual es impulsado por la senadora Paloma Valencia, demandante de la reforma, debido a que acusó de prejuzgamiento a Carvajal en vista de que defendió la legalidad de la reforma pensional como asesor de Colpensiones.
De acuerdo con lo decidido por el magistrado Jorge Ibáñez, se encontró que los documentos que remitió Colpensiones sobre los contratos que tenía Carvajal como asesor, donde se encuentra el concepto en el que respaldó la pensional, no eran las copias originales como se había solicitado.
De hecho, para el despacho de Ibáñez, tal omisión en la entrega de información representa una dilación en el trámite de recusación, para luego de resolverlo, entrar a definir el futuro de la reforma pensional.
“La Corte advierte que el cumplimiento de una orden judicial no se agota con la remisión de información cualquiera, sino que exige atender de manera fiel y completa los términos específicos del requerimiento. En este caso, la omisión en allegar los archivos originales equivale a un incumplimiento sustancial de la orden impartida”, sentenció Ibáñez.
Por lo anterior, el magistrado ordenó compulsar copias a la Procuraduría para que se investigue el incumplimiento a las órdenes dictadas por la Corte Constitucional, por parte de los funcionarios de Colpensiones.
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“La Corte advierte que la irregularidad anotada en esta providencia compromete la seriedad de la colaboración institucional y justifica la intervención del órgano de control disciplinario competente. Por estas razones, se compulsarán copias a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia”, determinó la Corte Constitucional.
El término para entregar la documentación fue definido en 24 horas, según Ibáñez, para no afectar el trámite expedito para resolver la recusación.