Contrato de Cerro Matoso se puede renegociar
La renegociación debe tener en cuenta nuevos términos que guarden armonía con modernos estándares de legalización minera y ambiental.
(Thot)
El Consejo de Estado indicó que el contrato de explotación minera que existe entre el gobierno y la empresa Cerro Matoso S.A no se puede prorrogar, sino que se debe renegociar.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Alto Tribunal, con ponencia del magistrado Augusto Hernández Becerra, señaló que no es posible hacer la prórroga porque ya existe un acuerdo anterior entre el Ministerio de Minas y la multinacional para continuar con la explotación de níquel una vez los dos primeros contratos expiren el 30 de septiembre de 2012.
Se trata del contrato 051 de 1996 según el cual en aras de la explotación minera en la jurisdicción del municipio de Monte Líbano, que contempla los contratos 866 y 1727, serán incorporadas al primero, el cual goza de plena vigencia.
El alto tribunal señala que el Gobierno debe renegociar los términos de los contratos vigentes para que las condiciones sean pertinentes a todos los colombianos.
“El Gobierno deberá tener en cuenta el modelo de los estándares de la legislación minera y ambiental, puesto que es su deber constitucional velar por la integridad del patrimonio de la nación y proteger los derechos sociales implicados en la actividad de gran minería”, agregó el Consejo de Estado.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Alto Tribunal, con ponencia del magistrado Augusto Hernández Becerra, señaló que no es posible hacer la prórroga porque ya existe un acuerdo anterior entre el Ministerio de Minas y la multinacional para continuar con la explotación de níquel una vez los dos primeros contratos expiren el 30 de septiembre de 2012.
Se trata del contrato 051 de 1996 según el cual en aras de la explotación minera en la jurisdicción del municipio de Monte Líbano, que contempla los contratos 866 y 1727, serán incorporadas al primero, el cual goza de plena vigencia.
El alto tribunal señala que el Gobierno debe renegociar los términos de los contratos vigentes para que las condiciones sean pertinentes a todos los colombianos.
“El Gobierno deberá tener en cuenta el modelo de los estándares de la legislación minera y ambiental, puesto que es su deber constitucional velar por la integridad del patrimonio de la nación y proteger los derechos sociales implicados en la actividad de gran minería”, agregó el Consejo de Estado.
