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Escuela Superior de Administración Pública: ¿universidad o caja menor de políticos?

Con el presunto objetivo de evadir los procesos de selección objetiva,esta entidad comenzó a realizar convenios interadministrativos desde hace cinco años.

La W pudo conocer en exclusiva lo que sería la punta del iceberg de un entramado de corrupción al interior de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Foto: https://www.esap.edu.co

La W pudo conocer en exclusiva lo que sería la punta del iceberg de un entramado de corrupción al interior de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), entidad del Estado y a la que en este momento investiga la Fiscalía General de la Nación y, próximamente, la Contraloría General de la Nación. 

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La W pudo establecer que, con el presunto objetivo de evadir los procesos de selección objetiva, esta entidad comenzó a realizar convenios interadministrativos desde hace cinco años. Esto, sin hacer licitación pública con entidades sin ánimo de lucro, que tienen beneficios tributarios y pueden distraer el control de Procuraduría, Contraloría y Fiscalía.

Por medio de millonarios contratos con cuatro empresas (Colegio Mayor de Antioquia, Fodesep, Edured, Comitato Internacionale), cercanas a  la administración de la ESAP, estas a su vez subcontrataban a terceros y hasta a cuartos para que finalmente ejecutaran las labores. De esas empresas que tercerizaban están:

  • Asotrabajo
  • Corprobisoc
  • Funades
  • Fundeprogreso
  • FunPacífico
  • Corporsujecol
  • Fundación Horizonte

Cabe señalar que todas las empresas anteriores son del Valle del Cauca. Adicional a ello, también está la empresa Logiscol como “operador logístico, con millones gastados en productos difusos” y Funtesco, en cabeza del proyecto de antenas satelitales que no se usan e incluyen actualización de equipos que no existen.

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Este elevado número de contratos genera que los objetos se repitan, que se creen actividades que no corresponden a los  proyectos y un número de contratistas que no desarrollan sus actividades.

Estos son algunos de los contratos que conoció La W:

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COMITATO INTERNACIONALE- CISP

Desde el 2016-2019 realizaron contratos por 63.261 millones; Para el 2019 hay un contrato por prestación de servicios por 39.000 millones de pesos. Los recursos tienen las siguientes fuentes: del  proyecto de capacitación hay un contrato por 12.500 millones de pesos, de asesorías y consultorías hay un contrato por 12.000 millones de pesos y de alto gobierno hay un contrato por 16.000 millones de pesos. 

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EDURED – RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

22.340 millones de pesos en 2019

9.996 millones de pesos en 2018

1.806 millones de pesos en 2017

Los tres contratos tenían como objeto contratar la prestación de servicios operativos, técnicos, conexos y complementarios en TIC  para la ESAP.

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COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Para el 2019 tiene un contrato por $19.500.000, de los cuales son 17.500 del proyecto de capacitación y 2.500 millones de alto Gobierno; en 2018 también suscribieron contrato por 1.300 millones de pesos.

Asimismo, La W conoció que el mayor efecto de los contratos con personas jurídicas para la prestación de los servicios de capacitación, asesoría y alto gobierno es la pérdida de reconocimiento y presencia institucional en los municipios a través de las Direcciones Territoriales. Hay quejas constantes en los municipios de personas que ejercen como capacitadores sin conocimientos, ni experiencia, además del desconocimiento del entorno municipal y de las relaciones de la territorial.

Además de esto, supimos que de los contratistas, 539 en total, entre personas naturales sin incluir las jurídicas, tan solo en la Sede Central;  no se ha vinculado a un solo asesor para prestar el servicio de consultorías a entidades públicas, y tampoco lo han hecho en la subdirección de alto gobierno en donde se han contratado a 33 profesionales y ni un solo capacitador.