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Gobierno incrementará controles para combatir la ilegalidad en el transporte

El Gobierno anunció que próximamente se expedirá un decreto que definirá las características para la prestación del servicio tanto en el nivel básico como en el de lujo.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Foto: Colprensa

Durante el tercer Congreso Nacional de la Industria del Taxi, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, socializaron los diferentes ejes de acción que se vienen realizando desde el Gobierno Nacional para la optimización en la prestación del servicio de taxi y en la lucha contra la ilegalidad.

La Ministra destacó que gracias a la Estrategia Nacional contra la Ilegalidad y la Siniestralidad han sido creados y consolidados cinco cuerpos especiales.

“La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, con el apoyo del Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, han venido trabajando de manera efectiva en coordinación con las autoridades locales para garantizar resultados sostenibles y replicables en todo el territorio nacional”, agregó la ministra Orozco.  

Por su parte, el Viceministro de Transporte señaló que “existe una correlación trágica entre la ilegalidad y la siniestralidad vial. El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, tiene como uno de sus pilares la legalidad. En ese sentido, cada día estamos trabajando por fortalecer la articulación interinstitucional para combatir de manera más efectiva la siniestralidad y la ilegalidad en el sector transporte”.

Cada Cuerpo Especial contra la Ilegalidad y la Siniestralidad Vial está dotado con motocicletas, vehículos todoterreno, laboratorios móviles, buses interactivos y drones. Además, los uniformados cuentan con facultades de policía judicial que les permitirán desarrollar, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, procesos investigativos para el desmantelamiento de estructuras criminales dedicadas a la ilegalidad en el transporte. En los próximos meses se conformarán los grupos para intervenciones en Tunja, Cali, Pereira, Armenia, Valledupar, Popayán, Montería y en el departamento del Casanare.

En 2019 se han obtenido importantes resultados como 31.140 órdenes de comparendo por conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Además, se dejaron en firme 46.361 suspensiones de licencias y 255 cancelaciones de licencias de conducción.

Entre tanto, la ministra Orozco anunció que próximamente se expedirá el decreto que definirá las características de la prestación del servicio de taxi tanto en el nivel básico como en el de lujo.

“Con este decreto se definirá una única habilitación en la modalidad para ambos niveles de servicios a efecto de que las empresas y los propietarios puedan decidir en cuál de los dos niveles prestará servicio el respectivo vehículo, siempre y cuando, cumpla con las condiciones requeridas para el nivel. Adicionalmente, se definirán las áreas metropolitanas como autoridades competentes de la modalidad del servicio público individual de pasajeros dentro de la jurisdicción de los municipios que comprenden el área metropolitana conformada legalmente”, explicó Orozco.

Finalmente, la Ministra resaltó que gracias a la aprobación de la Ley de Financiamiento se logró el beneficio de exención de IVA por 5 años para la reposición de equipo de pequeños propietarios de la modalidad. “Gracias al trabajo armónico y articulado que hemos venido desarrollando con el sector transportador hoy tenemos una hoja de ruta clara para su modernización y optimización”, concluyó Orozco.

Vale recordar que el Gobierno ha reiterado su posición frente a la lucha contra la ilegalidad y ha sostenido un diálogo permanente con los actores del gremio. Adicionalmente, otra de las acciones realizadas fue la demanda contra la aplicación ‘Picap’ en la cual se argumentó que la prestación de este servicio es ilegal y que representa un inminente riesgo que compromete la vida de los usuarios.

De igual forma, el Ministerio emitió una circular (en diciembre de 2018) en la que les reitera a las autoridades de tránsito del país que a los conductores que violen el artículo 26 de la Ley 769 de 2002 y que reincidan en la prestación del servicio público de transporte con vehículos particulares sin justa causa, podrán suspenderles y cancelarles sus licencias de conducción por 25 años.