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“Mi papá murió pidiendo justicia”: víctima de la masacre de La Rochela

La hija de Arturo Salgado, uno de los sobrevivientes que murió en 2013, señaló que su padre falleció esperando que el Estado cumpliera con la atención médica.

“Mi papá murió pidiendo justicia”: víctima de la masacre de La Rochela

“Mi papá murió pidiendo justicia”: víctima de la masacre de La Rochela(Thot)

Este 18 de enero se cumplieron 32 años del ataque armado en el que un grupo de paramilitares asesinaron a doce de quince miembros de una comisión de investigadores, quienes recorrían el departamento de Santander recogiendo testimonios sobre expedientes relacionados con narcotraficantes, funcionarios estatales y paramilitares, así como del exterminio llevado a cabo contra la Unión Patriótica.

Ese crimen produjo una condena contra el estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2007. Sobre el cumplimiento de esta hay cuestionamientos de las víctimas, como señala Marcela Salgado, hija del investigador Arturo Salgado sobreviviente de la matanza, quien murió en mayo del 2013. Marcela indica que a su padre nunca le brindaron los tratamientos médicos y psicológicos para varias enfermedades que sufría, como había ordenado la Corte internacional.

"A mi papá nunca le cumplieron, fuimos ante las autoridades, radicamos cartas, entregaba los exámenes, los chequeos, lo que mi papá necesitaba y mi papá murió literalmente pidiendo la atención médica. Faltando dos o tres días para que él muriera comenzó a hablar, yo siento que él murió pidiendo justicia" relató.

Jomary Ortegón, abogada del Colectivo José Alvear Restrepo, que representa judicialmente a los afectados, señala que son varios los casos en los que las víctimas han tenido que costear su propia atención médica.

"El Estado colombiano señala que para garantizar el servicio de salud existe la ley 100. Las víctimas sienten que esto es una revictimización, porque son ellas las que realizan aportes al sistema entonces es como si ellas mismas estuvieran pagando su reparación " indica Ortegón.

El punto más crítico de incumplimiento que manifiestan las víctimas es el relacionado con la justicia. Indican que más allá de una sentencia en el 1990 que nunca se cumplió contra un miembro de la fuerza pública, no hay más responsables estatales condenados por su presunta complicidad con el asesinato de la comisión judicial.

"No se hizo en realidad justicia como realmente cada una de las familias hubiera querido. Entiendo que alguna de las personas que cometieron esta masacre también están muertas, entonces en ese sentido no ha habido una reparación como tal" señala Marcela Salgado.

Las víctimas manifiestan que 32 años después el único punto en el que se les ha cumplido a satisfacción es el relacionado con las indemnizaciones económicas.

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