Miguel Caballero desmiente haber vendido chalecos antibalas que no cumplían requisitos
A través de un comunicado, la compañía se refirió a la denuncia publicada por La W el pasado 28 de septiembre.
Miguel Caballero aseguró que desde hace más de seis años no le ha vendido nada al Ejército de Colombia. Foto: Getty Images(Thot)
El pasado 28 de septiembre, La W tuvo conocimiento de una denuncia que supuestamente implicaría una contratación por parte del Ejército SENAC. En esta, se aseguraba que las empresas colombianas Miguel Caballero y Unión Temporal MilProtéc (conformada por Milfort y Protection Company), que producen los chalecos y cascos blindados que se entregarían al Ejército Nacional, no cumplirían con los requisitos del pliego de condiciones ni con las normas establecidas en Colombia ni en Estados Unidos.
Sin embargo, a través de una carta dirigida a La W, el empresario Miguel Caballero aseguró que desde hace más de seis años no le ha vendido nada al Ejército de Colombia, por lo que considera que se le acusa de “algo que no ha sucedido ni sucederá”.
Presuntamente, el Laboratorio HP White, autorizado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, habría reportado que estos chalecos no cumplían con las normas. Incluso habrían confirmado que su respuesta con los resultados fueron fraudulentamente alterados para que el Ejército continuara con la contratación.
No obstante, Caballero precisa que el día de ayer recibió, por parte del gerente general del Laboratorio HP White, “una carta que certifica que nadie de ninguna empresa o entidad los había contactado para averiguar por nuestros informes, de los cuales ustedes aseguran que están adulterados, demostrando que hay una mentira (…) ni el laboratorio ni nosotros nos prestamos para ese tipo de actos incorrectos”.
De esta manera, Caballero advierte que las licitaciones en Colombia “se han vuelto una cacería de brujas, acusaciones falsas y especulaciones, afectando el buen nombre de aquellas empresas que sí somos contratistas honestos y respetuosos de la ley, con el fin de desviar a los comités de evaluación de las mismas para que no dicten su decisión en derecho, al fin y al cabo ellos son expertos en los temas que contratan y tienen la capacidad de encontrar posibles errores en la presentación de las ofertas”.
