¿Nuevo caso de corrupción en programa de chatarrización del Gobierno?

W Radio descubrió una serie de millonarias irregularidades en una de las empresas que se encargan de ejecutar los procesos de desintegración de vehículos de carga en el programa de chatarrización del Gobierno Nacional.

Todo empezó en el año 2015, cuando el Ministerio de Transporte expidió una resolución en la que estableció los requisitos para habilitar entidades desintegradoras que puedan expedir certificados de chatarrización de vehículos de carga. Estos son los que permiten que se entreguen los respectivos dineros para reponer los vehículos nuevos luego de chatarrizar los viejos.

Según lo que ha podido verificar W Radio, la empresa Unión Temporal Rym S.A.S., que trabaja actualmente en este proceso y fue habilitada en febrero de 2016, no cumple con importantes requisitos para haber obtenido su permiso y poder operar en la chatarrización de vehículos en el país.

Según lo expuesto por ley, la compañía puede operar con sus plantas desde las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Sin embargo, al verificar la información, este medio encontró que la empresa no cumple con certificaciones ambientales para desarrollar el proceso de desintegración vehicular en tres de las cuatro ciudades.

Esto se encuentra sustentado en la Secretaría de Ambiente de Bogotá, la cual el pasado 5 de octubre de 2018, dijo textualmente en un documento expedido: “Durante una visita se pudo constatar que el usuario, es decir, Rym S.A.S. no cuenta con la respectiva certificación ambiental para la desintegración vehicular”, añadiendo que “se remitió copia del radicado de la referencia al Ministerio de Transporte para que se actué de acuerdo con sus competencias”.

Por su parte Corantioquia, que es la autoridad ambiental de Antioquia, dijo que quienes están habilitados para desintegrar vehículos y cumplen con la normativa ambiental para hacer el proceso de desintegración en Medellín son Diaco S.A. y SCT Merl S.A.S, dejando por fuera la unión temporal Rym S.A.S. Esto se realizó el pasado 21 de diciembre del 2018.

En Barranquilla, el establecimiento ambiental público de la ciudad expuso el 18 de octubre del año pasado que en la resolución 1045 del 2 de agosto del 2018 se ratificó la revocación de la certificación ambiental que en su momento se le había otorgado a Rym S.A.S. para operar como entidad desintegradora.

De este modo, en tres de las cuatro ciudades donde la Unión Temporal Rym S.A.S está operando para realizar desintegraciones de vehículos de carga en el programa uno a uno de chatarrización del Gobierno Nacional, no se cumple con sus respectivas licencias ambientales.

Pero lo más preocupante es que a pesar de esto, la compañía ha dado la certificación de desintegración de unos 1.792 vehículos según el sistema para funcionarios HQ del Runt, permitiendo que por ese concepto se pagaran 175.614 millones de pesos, según la tabla estipulada por el Ministerio de Transporte de reconocimiento económico que debe recibir cada propietario de los vehículos mandados a chatarrizar.