Procuraduría respalda ponencia y pide nulidad del congresista Gustavo Estupiñán
Por séptima vez, la Sala Plena del Consejo de Estado discutirá la demanda de elección presentada contra el representante a la Cámara por Nariño.
Procuraduría General de la Nación que respalda la ponencia de la magistrada Rocío Araujo, en la cual pide al alto tribunal declarar la nulidad de la elección de Hernán Gustavo Estupiñán. Foto: Colprensa(Thot)
El próximo 15 de enero, la Sala Plena del Consejo de Estado discutirá la demanda de elección presentada contra el representante a la Cámara por Nariño, Hernán Gustavo Estupiñán, elegido para el periodo 2018-2022. La W conoció el concepto de la Procuraduría General de la Nación que respalda la ponencia de la magistrada Rocío Araujo, en la cual pide al alto tribunal declarar la nulidad de la elección del político.
Estupiñán tendría que dejar su cargo como representante a la Cámara porque habría realizado su inscripción como candidato cuando estaba inhabilitado, ya que su hermana era registradora del Estado Civil. Para la Procuraduría, el ejercicio de la autoridad civil se sucedió en la misma circunscripción en la cual resultó electo Estupiñán.
En su decisión, el Consejo de Estado también unificaría la jurisprudencia en el sentido de interpretar dicho artículo, porque en adelante aclararía que la inhabilidad no inicia al momento de la elección sino al momento de la inscripción como candidato. El fallo pediría declarar la nulidad parcial del Formulario E26 del pasado 20 de marzo, por lo que solo se declararía nula la elección de Hernán Gustavo Estupiñán.
La demanda fue interpuesta por Dora Marcela Chamorro Chamorro y, según el documento que admite dicha demanda, asegura que la hermana del congresista, Rosángela Estupiñán Calvache, funge a partir del 9 de enero de 2018 como registradora del Estado Civil de Pasto.
La admisión de la demanda, firmada por la consejera de Estado Rocío Araujo Oñate, resuelve además notificar personalmente de dicha providencia al demandado, al Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de su presidente y al registrador nacional, así como al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
